“No son 30 pesos, son más de 30 años de abuso”
Como no pensar hoy en Chile a tan solo uno días del reventón social del 18 de octubre en aquella frase que en la película argentina La historia oficial (1985) uno de los estudiantes de la clase de historia, intempestivamente, le dice a la maestra: “La historia la escriben los vencedores”. La genealogía de esta frase está replegada en el centro de las formas con las que las revueltas populares han sido sofocadas o subordinadas al orden social dominante. La historia oficial en Chile no ha dejado de ser desde 1989, año en que se inicia la transición democrática, la historia escrita por quienes diseñaron el modelo neoliberal más exitoso de la región.
La evasión del boleto del metro iniciada por los estudiantes, mayoritariamente secundarios, ha sido apoyada de manera espontánea por una sociedad civil que había permanecido en silencio. La ruptura del silencio de las clases sociales más desposeídas rápidamente detonó la dinamita contra los abusos del gobierno de Sebastián Piñera. La sociedad chilena vuelve a despertar después de que los eventos del 2006 por la gratuidad de la educación (revolución pingüina) y la rebelión de los estudiantes universitarios (2011) pusieran en peligro la estabilidad del orden neoliberal. Un orden sostenido fundamentalmente por el pacto de las izquierdas tradicionales que se agrupan en la Concertación y la Nueva Mayoría y por una clase media con enorme capacidad de consumo y endeudamiento.
En el marco de la revuelta estudiantil contra la privatización desmesurada de la educación y el robo sistemático a los estudiantes aparecieron dirigentxs estudiantiles tales como Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Daniel Boric, Francisco Figueroa, entre otrxs. Lxs dirigentxs estudiantiles eran reconocidos por carisma político, formas asamblearias de organización, toma de decisiones y una voluntad de cambio sin precedentes. El movimiento estudiantil generó una especie de mística y renovó las prácticas de la protesta incorporando performance, batucadas y usos políticos del cuerpo que innovaron la lógica de la protesta y resistencia a “la educación heredada del pinochetismo”. La innovación de las formas de protesta y el contenido ético de la consigna del fin al lucro en la educación permitió que el movimiento estudiantil captara el alma de una sociedad civil atolondrada y ensimismada en el consumo. El movimiento social estudiantil devolvió la ciudadanía política a una población domesticada en lo más íntimo de su subjetividad por el sistema crediticio.
Como efecto de los trucos universitarios que un Piñera joven titulado en Ingeniería Comercial aprendió en la Universidad de Harvard, el ciudadano crediticio o creditcard —como lo llamó Tomás Moulian en su seminal ensayo El consumo me consume (1999)— pasó del empoderamiento que lo negaba como ciudadano político (pero lo realizaba en el paraíso de los malls) a ser un apremiado e insignificante sujeto endeudado. El endeudamiento, la falta de una cultura que detenga las pulsiones auto-agresivas y los instintos autófagos, la culpa del moroso, la competencia liberal y desafectada hasta la crueldad han dominado la sociedad neoliberal desde la intimidad. Las deudas y el fantasma de una vejez sin posibilidades de ser vivida de manera digna son recurrentes en el “oasis neoliberal” de América Latina. El endeudamiento con casas comerciales y bancos a propósito de las famosas tarjetas de crédito en las que está implicado el actual mandatario de Chile no deja de atormentar a más de cinco millones de chilenos. Lo que el movimiento estudiantil del 2011 hizo fue convertir el fenómeno de la deuda en educación sobre la denuncia al robo y el descaro con que el lucro en la educación constituye hasta el día de hoy un fenómeno no resuelto.
El reventón de los estudiantes, sin duda, fue en parte facilitado por el primer gobierno de Piñera que derrotó al candidato de la concertación (Eduardo Frei-Ruiz-Tagle) y se hizo con un gobierno que en materia de programas políticos y sociales no se distinguía mucho del de su antecesora Michel Bachelet, quien tuvo que lidiar con el reventón de más de ochocientos mil estudiantes secundarios el 2006. Pero quizá se pueda decir que para los estudiantes del 2011 fue más fácil reconocer en la derecha de Piñera un enemigo cuyos vínculos con las evasiones millonarias y el descaro en el negocio de la educación privada habían sido mayores que la complicidad del gobierno de Bachelet con el modelo heredado de la dictadura de Pinochet. Se sabe, por ejemplo, que Piñera está, entre varios delitos más, involucrado en la evasión de 2.862 millones de pesos chilenos. Esto no solo lo convierte en uno de los mayores evasores de impuestos de la nación, sino también en uno de los más grandes gánsteres de la política chilena.
La rebelión social del 2011 se hizo contra la política gansteril de Piñera y bajo su gobierno la ciudadanía recuperó la dignidad de la política. La sociedad civil de chilenos y chilenas junto al movimiento social de estudiantes del 2011 desencadenaron uno de los acontecimientos políticos más importantes del siglo veintiuno. El 2011 la crisis escaló rápidamente y la consigna del fin al lucro en la educación no solo parecía irrenunciable, sino que además, logró acoplarse a movimientos sociales preocupados por el negocio de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones). La rebelión de los estudiantes logró sensibilizar a los sectores ultrajados por el robo legalizado de uno de los negocios más rentables en toda la historia de los ultrajes del modelo neoliberal. Una AFP es un negoción aún más rentable que la posesión de un banco. Si Bertolt Brecht hubiese vivido el tiempo de las AFP en Chile hubiese tenido que modificar su frase y decir: “Robar una AFP es un delito, pero más delito es fundarla”.
Las “AFPs” encargadas de inmunizar y velar por las pensiones de hombres y mujeres que durante toda su vida trabajaron y que con suerte han llegado sanos a su vejez viven vampirizadas por una institución cuyo único fin es el lucro a través del robo de la vida ajena. Este fenómeno tiene exactamente las características de lo que en el lenguaje del marxismo se conoce como capitalismo por desposesión. El vampirismo de las AFP surgió justo en el momento en que el mundo de vida de la sociedad chilena comenzaba a ser completamente tomado por la “razón neoliberal”. En los años ochenta la fundación de las AFP coincide con la precarización laboral y el intento de la dictadura por resolver el desempleo a través de lo que se conoció como el Programa de Ocupación para Jefes de Hogar (POJH). Vampirismo y desposesión de la vida de millones de chilenas y chilenos han sido prácticas institucionalizadas desde los primeros años de la dictadura.
Sin embargo, tal como lo muestra el libro de Tomás Moulian, Chile actual: Anatomía de un mito (1997), es solo en los años ochenta que el dispositivo de terror (golpe militar, torturas y desapariciones) logra entrelazarse al dispositivo de saber (Constitución de 1980), esto es, una sofisticada máquina conceptual cuya potencia ha permanecido en el tiempo asegurando un poder ilimitado a las Fuerzas Armadas y a las instituciones neoliberales que vampirizan y desposeen de las posibilidades de una vida democrática a la mayoría de los chilenos. Las AFP son una de las peores cloacas destinadas a denigrar la vida. Se trata de un tipo de institución que degrada la vida mediante el robo de la energía de vida humana para convertirla en capital que se usa para el enriquecimiento de gánsteres de cuello y corbata. El movimiento social contra las AFP es un movimiento contra una de las peores herencias de la dictadura. Este movimiento no siempre aparece vinculado a otros movimientos de protestas. Su lucha básicamente consiste en que el sistema de pensiones debe pasar a manos del Estado. Para que esto llegue a ocurrir habría que cambiar prácticamente todo el sistema institucional heredado de la dictadura y consolidado durante la llamada transición a la democracia.
Una de las instituciones que habría que cambiar de raíz y que es parte de los más sentidos malestares de la ciudadanía es el sistema de Isapres. Las Isapres constituyen verdaderas máquinas de extracción de dinero ganado con el sudor de las chilenas y chilenos, y funcionan generando todo tipo de corruptelas entre el negocio de los médicos —que producidos por un sistema orientado a la ganancia del dinero la mayoría ya no trabaja por vocación— y el del incremento de la tasa de ganancia de farmacias orientadas al lucro. La salud no es un bien social garantizado, sino el privilegio de las clases medias y acomodadas. Pero en un país donde la salud es también uno de los negocios rentables del sistema neoliberal nadie puede sentirse seguro. Los médicos no son confiables, nunca se está seguro de si el examen que le han pedido es parte de las estrategias de extracción de dinero o si es realmente una necesidad del conocimiento médico.
Las Isapres han convertido los hospitales en casinos en los que el paciente va a probar su suerte. Nadie está seguro en un hospital donde la mayoría de los médicos que trabajan en el sistema privado han dejado de profesar su saber médico por vocación y lo han convertido en el medio para ensanchar ganancias a costa de la vida de la ciudadanía. En un país que funciona sin equidad en salud, si no se tiene un médico amigo todo médico te parecerá un mata-sanos. Este sistema de salud privatizado hasta el tuétano y orientado sin piedad al lucro deja fuera de este bien social a las clases subalternas, a los más desposeídos, a los inmigrantes que deben morir en la indignificación del mundo de vida. El sistema de salud estatal es uno de los más débiles de América Latina y bajo las condiciones del neoliberalismo extremo no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Las Isapres son uno de los núcleos neurálgicos del sistema neoliberal y junto a las AFP y el endeudamiento bancario componen el malestar de la sociedad chilena o lo que algunos seguidores de Pierre Bourdieu suelen llamar violencia estructural y estructurante.
Esta violencia ha venido estructurando la sociedad chilena desde antes de que se produjera el pacto democrático con los militares el año en que parecía que la democracia —después de 17 años de una dictadura genocida— se consolidaba trayendo la “alegría” según la famosa consigna del NO. La alegría nunca llegó y lo que se impuso, siguiendo la lectura, por ejemplo, de analistas como Nelly Richard y, recientemente, Miguel Valderrama fue la postdictadura. Este concepto, en su complejidad, designa la imposibilidad de dejar de hablar de la continuidad de la dictadura. Si el concepto tiene algún sentido, más allá de toda su problemática con la memoria de una izquierda en duelo o derrotada, lo tiene como concepto que tensa el dispositivo de la democracia. En otras palabras, el Chile actual que logró configurarse a través del dispositivo del terror y el dispositivo del saber (constitución del 80) requería un tercer dispositivo; el dispositivo de la democracia. Es este dispositivo el que aseguró el Frankenstein de lo que conocemos como sistema neoliberal y del que hoy el dispositivo de la democracia parlamentaria es su más fiel sostenedor.
La democracia aseguró la imperceptibilidad del primer dispositivo y la elasticidad del segundo en el simulacro del dispositivo de la democracia. Ha sido la democracia pactada con la dictadura cívico-militar la que le ha dado respiración a la idea de la postdictadura, es decir, a la dictadura que no deja de pasar porque ninguno de sus dos dispositivos ilegítimos y antidemocráticos fueron destruidos. La historia oficial ha sido la historia escrita por los vencedores. Lo siniestro de la historia del neoliberalismo en Chile es que el espacio de la democracia ha sido siempre el espacio reterritorializado por la dictadura cívico militar. La izquierda tradicional (Concertación y Nueva mayoría) no produjo el orden neoliberal y, sin embargo, lo legitimó poniéndolo en marcha desde 1989 hasta el día de hoy en el que a un gánster de la política se le ocurre sacar a los militares como en los mejores tiempos de la dictadura de Pinochet. Piñera y su ministro del interior pueden decretar un estado de excepción constitucional, precisamente porque el estado de excepcionalidad es lo que la democracia nunca logró abolir, es decir, el dispositivo del terror con el que se inició en 1973 “la operación masacre” siempre ha estado en la esencia de la democracia en Chile.
El terror ha mutado, sin duda, y ha obtenido sus movilidad en la desafección y la crueldad de las instituciones neoliberales. La desafección y la crueldad neoliberal no solo amenaza las posibilidades de la vida laboral, la salud, la vivienda, la educación,… también están amenazados y en vías de extinción los espacios públicos y los servicios vitales para la existencia del mundo de vida. El exceso de vehículos, la contaminación, el encarecimiento de servicios básicos como el agua y la luz, la desposesión y captura de los espacios de recreación común como lagos, parques y playas, la desposesión y captura de los medios de comunicación masiva. El dispositivo de la democracia neoliberal subsumido en la lógica de la desafección y la crueldad ha puesto en peligro sistemáticamente patrones mínimos de civilización.
El malestar contra Piñera es también un malestar con este dispositivo de cultivo de la vida hedonista mediante el acceso de rapiña de dinero por parte de una clase media frustrada y sin, muchas veces, la comprensión política de que el cultivo de la vida hedonista es el comienzo del fin de cualquier proyecto de modernidad, de cualquier posibilidad de imaginar una civilización. La clase media, compuesta, en el Chile de hoy por un sector importante de jóvenes que no vivió el terror de la dictadura y que, por lo mismo, no tiene miedo a desafiar a Fuerzas Especiales de Carabineros ni a los militares que el gobierno cobarde de Piñera ha sacado a la calle, activando el recuerdo del dispositivo del terror, junto a los sectores más desposeídos de los usuarios del metro de Santiago es la que ha provocado el rechazo a un gobierno de ineptos. La desobediencia civil ha recompuesto el rechazo a la violencia neoliberal.
Así la guerra que desde el dispositivo de la democracia evoca Sebastián Piñera “estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable” no es muy distinta de la que su mentor en los peores años de la dictadura sentenciaba “si estamos en guerra señores, si la guerra no ha terminado”. Se equivocaban algunos jóvenes sociólogos chilenos, ansiosos por réditos en el sistema electoral, cuando decían que en Chile Pinochet es algo que está en el pasado. La guerra de Piñera tiene su origen en el terrorismo de Estado que en Chile se ha prolongado. La defensa legítima de una sociedad civil que padece descontento generalizado y el simulacro de democracia y equidad no se detendrá. Las clases subalternas y la clase media frustrada que conforma la mayoría de los chilenos y chilenas, al igual que lo hicieron el 2006 con la revolución Pingüina y el 2011 con la rebelión contra el lucro en la educación, han despertado de la ilusión de que el neoliberalismo es un proyecto deseable y, más aún, vivible. Este despertar que emerge como desobediencia no solo es legítimo, sino deseable para un país que dominado por la herencia del pinochetismo carece de porvenir.
La evasión del boleto de metro, la asonada diaria de cacerolas de los sectores populares y la clase media descontenta, han desatado la rabia contenida, acumulada desde el mundo de vida cotidiano, desde el uso diario de los servicios de transporte público, desde el estrés y la violencia que significa conducir en una ciudad altamente contaminada y desbordada por el parque automotriz. La sensación de estos conductores es muy próxima a la de Michael Douglas en el film Un día de furia [Falling Down] (1993); es precisamente esa mosca en el auto que irrita la furia del protagonista con la que día a día deben lidiar todos los chilenos y chilenas. La mosca representa las complejidades de una sociedad que ha ido cambiando y que se privilegia de la migración de los hermanos y hermanas de ese dolido y desgarrado Haití al que le debemos el haber iniciado los primeros connatos emancipadores de la región en el siglo XIX y del que la sociedad chilena deberá aprender. Deberá aprender a abrirse a modos de hospitalidad que no tienen ninguna cabida en el espacio de la democracia neoliberal que hoy lidera la derecha extremista de Sebastián Piñera. Entre los miles de inmigrantes latinoamericanos están también los venezolanos que creen “en el mito del milagro de la economía chilena” y que avalados por el odio que promueve la derecha chilena gritaban a fines de febrero del 2019 “comunistas maricones, les mataron sus parientes por huevones”; tampoco ellos podrán tener una vida digna en un sistema neoliberal como el chileno. El “oasis de América Latina” se ha derrumbado y el odio contra los desposeídos que claman por un mundo de vida que permita a todxs gozar de los bienes comunes está amenazado. Es lo que deben entender los amigxs que vienen de Venezuela a integrar las filas de la uberización de la ciudad de Santiago, pero sobre todo, es lo que debe también entender la casta de derecha e izquierda que se han acomodado en un sistema político que ya no da a basto, que se desborda por todos lados produciendo la posibilidad de que el neofascismo sea, en el Chile actual, un fenómeno mucho peor que el que recientemente pudimos ver ficcionalizado en el film Araña (2019) de Andrés Wood.
El neoliberalismo y su forma democrática, sostenida por el dispositivo de una guerra “contra un enemigo implacable” no es otra que la guerra fratricida contra las poblaciones desposeídas de un mundo de vida posible y deseable en medio de una catástrofe global. Las asonadas de protesta social que han dicho basta a los abusos, basta al despojo de la vida, basta a la persecución de vendedores ambulantes, basta al abuso y la violencia que la policía de carabineros ejerce como prolongación de la violencia clasista y racial en los inmigrantes, en las mujeres, en los estudiantes. La guerra de la que habla Piñera es una guerra que él y su gobierno hacen en nombre del “Orden constitucional” ilegítimo de 1980, de los negocios millonarios con las transnacionales, de los privilegios del empresario-gánster que denigra el Estado y lo pone a disposición de los interesas de las oligarquías financieras del capitalismo nacional. Esa guerra es la guerra contra la sociedad civil entera. Lo demás es el montaje justificatorio que con ayuda de los medios de comunicación, aliados a la empresa neoliberal, producen las imágenes de los incendios, promueven la infiltración de los supuestos grupos anárquicos que provocan el desorden y los ataques de vandalismo… Piñera tiene a su servicio los canales de televisión mediocre que masifican imágenes del caos mientras él saca con la entereza del legado de la democracia de Pinochet los militares a las calles para sitiar avenidas principales, parques de recreación para infantes, las grandes alamedas y los centros comerciales, asustados por el “desmadre” de los saqueos.
La guerra de Piñera es la misma que el alcalde Felipe Alessandri (Municipio de Santiago) en complicidad con el Ministerio de Educación llevaron a cabo contra los estudiantes secundarios del Instituto Nacional. La guerra que tortura y reprime a estudiantes no solo es una guerra injusta, sino inmoral, descarada, una guerra desalmada contra la civilidad, contra patrones mínimos de convivencia social. La guerra de Piñera y antes la del gobierno de la Concertación Democrática es la guerra racista contra las comunidades mapuches en el sur de Chile, una guerra que sigue derramando sangre en complicidad con el capital de empresas forestales y el Estado de Chile. Es una guerra a la que con toda razón el sociólogo Tito Tricot en su ensayo Aukan. Violencia histórica chilena y resistencia mapuche (2017) ha llamado “guerra de baja intensidad” por parte de un “estado terrorista” que asesina y siembra el terror en la región de la Araucanía. La guerra que promueven Piñera y su gobierno es una guerra fratricida, es una guerra en que el enemigo implacable son y somos todxs lxs chilenxs.
El toque de queda decretado por la derecha extremista de Piñera desoculta la verdad de la democracia militarizada del neoliberalismo chileno. Pero también desoculta el compromiso de la televisión amarilla a la que, sin duda, se le opone el trabajo espontaneo de resistencia en las redes sociales. Militares contra cacerolas, bocinas contra los fusiles son las armas de la desobediencia civil. La manera que la sociedad civil ha respondido a la guerra de Piñera ha sido mayoritariamente con cacerolas. En la memoria de las protestas de comienzos de los ochenta la historia de la cacerola es la historia del conato de resistencia popular que logró unir a la izquierda y poner fin a la dictadura de Pinochet. Ha sido la cacerola y no la hipostasis mediática de los incendios —probablemente muchos de ellos producidos por el montaje del propio gobierno— el arma que la población chilena ha encontrado para articular el clamor de la protestas contra un sistema inviable.
El toque de queda que decretó Piñera ha activado la memoria del viejo terror, los monstruos que hicieron doler la carne viva de millones de chilenos y chilenas que creyeron en el gobierno popular de Salvador Allende. Pero esta memoria no es solo la memoria de los que vivieron el golpe y que a costa de arriesgar su vida lucharon por el retorno de la democracia. La memoria de la resistencia es heredada a los jóvenes y esto tiene una potencia insospechada porque los jóvenes, los estudiantes no tienen miedo al toque de queda. El estado de excepción de la constitución ilegítima les es extraño. Si los estudiantes han liderado los acontecimientos más importantes del 2006, el 2011 y el de la evasión al boleto del metro es porque el miedo les es ajeno. El gobierno de Piñera tendrá que lidiar con ellos. ¿Qué hará? ¿Los va a asesinar como lo hizo la dictadura de Pinochet? ¿Va a degollar a sus profesionales honestos y en resistencia? ¿Encerrará en la cárcel a millones? ¿Reproducirá los campos de concentración? ¿Encerrará a nuestrxs músicos en el estadio que hoy lleva el nombre de Víctor Jara? Los estudiantes no pueden quedarse solos, su consigna “Basta de neoliberalismo en Chile” debe calar de manera profunda en los sectores de esa izquierda que, si bien ha colaborado en mantener el dispositivo de la democracia neoliberal, debe sumarse a una demanda que deberá ser de largo aliento.
La izquierda acomodada y tradicional debe desacomodarse, debe volver a pensarse como una alternativa a la democracia neoliberal. Los militantes que aún creen en los bienes comunes que se necesitan para que el mundo de vida prolifere requiere del entrelazamiento fuerte entre las organizaciones estudiantiles y los movimientos sociales. La izquierda acomodada debe pasar a constituir su desacomodo pensando la posibilidad de una nueva institucionalidad, de un nuevo gobierno que recupere el sentido de la democracia y la igualdad social. La izquierda no puede seguir tolerando dentro de sus filas a senadores que supuestamente son socialistas y que, antes de que el Ministro del Interior de la derecha se pronunciara, llamaba a reprimir a los estudiantes que evadían el pago del boleto del Metro. Esa izquierda es la que hay que abandonar. Los movimientos sociales deben buscar sus aliados en los sectores que han entendido la desobediencia civil de la evasión y el reventón social de la sociedad chilena como una crítica al sistema neoliberal en su conjunto. Esos sectores de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), del Movimiento Feminista, del PC (Partido Comunista) y del FA (Frente Amplio), entre otros, han dado muestra de que no se inscriben en la mediocridad de una izquierda (neoliberal y electoralista) incapaz de estar a la altura de los movimientos sociales y de los estudiantes y su justa desobediencia en el 2006, el 2011 y hoy, en el 2019, en el Instituto Nacional y en los que detonaron la revuelta popular por las evasiones en el Metro.
La estrategia de los gobiernos que han ayudado a sostener la democracia neoliberal ha sido siempre la de parcializar, fragmentar, reducir las luchas a reivindicaciones y normalizar la sociedad neoliberal hasta un próximo reventón. Sin embargo, quizá, sea hora de que este reventón escale hasta la huelga general y se convierta de una vez en la posibilidad de un mundo de vida en el que ni la represión a los estudiantes, a los vendedores ambulantes, a los inmigrantes haitianos, a las mujeres que luchan, a las disidencias sexuales, a los obreros de la minería y de la pesca, a los mapuches, a las minorías étnicas, ni los estados de excepción tengan lugar. Para que eso ocurra la izquierda (no tradicional y anti-neoliberal) y los movimientos sociales deben ocupar las instituciones capturadas por un sistema que se sostiene sobre el simulacro del dispositivo de la democracia. Piñera no solo debe renunciar y convocar a elecciones, la izquierda debe iniciar un nuevo comienzo por fuera de todo el acomodo que ha caracterizado los largos años de militarización en Chile y que hoy encuentran su verdad en la artimañas del gobierno militar de Piñera. Esto significa que para ser hoy de izquierda no es suficiente recitar el ABC del neoliberalismo hay que pasar a la consolidación de un gran movimiento ciudadano que haga desde la estructuras parlamentarias heredadas del régimen de Pinochet una asamblea constituyente que derogue la genealogía ilícita de una constitución que protege a los oligarcas de siempre y militariza la vida de la sociedad chilena.
La asonada de cacerolas y la revuelta popular es el derecho legítimo de la inmensa mayoría de chilenas y chilenos a la autodefensa de una violencia estructural y estructurante. Pero habrá que pasar de la rabia y la desobediencia a las estrategias que permitan una articulación política capaz de fundar un mundo de vida con instituciones orientadas a la vida en común. Es la hora de declarar el comienzo del fin de una sociedad oprobiosa, injusta y basada en las enormes desigualdades sociales. Que las cacerolas suenen hoy toda la noche en los odios insensibles de los continuadores del legado de la dictadura y que comience el clamor de una nueva constitución para Chile.
