El gobierno nacional dio a conocer un protocolo para la actuación policial en las manifestaciones públicas que otorga a las fuerzas de seguridad amplias facultades para reprimir y criminalizar las protestas sociales.
Esta decisión limita derechos de manera inconstitucional al poner a la libre circulación por encima de la integridad de las personas y de los derechos a la protesta y a la libertad de expresión. Además, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, anunció el protocolo con declaraciones amenazantes que completan el espíritu antidemocrático de la medida.
Uno de los aspectos más graves de la resolución es que no prohíbe de manera explícita que los policías que intervienen en las manifestaciones utilicen armas de fuego, ni tampoco que usen balas de goma para dispersar. Estas omisiones deshacen una medida fundamental que se había tomado luego de los peores episodios de represión en democracia, en los que las fuerzas de seguridad causaron decenas de muertos. La resolución también habilita detenciones con criterios amplios e imprecisos.
Es decir que el gobierno nacional, en lugar de regular la actuación de las fuerzas de seguridad y el uso de la fuerza, amplía sus facultades para reprimir y criminalizar. El texto de la resolución también limita el trabajo periodístico ya que la policía indicará a los trabajadores de prensa dónde pueden ubicarse. Esto afecta de manera negativa la libertad de prensa e impide el control que el registro fotográfico y audiovisual ejerce en el trabajo policial, como se ha demostrado en el esclarecimiento de homicidios cometidos por la policía en protestas sociales.
La resolución delega en las fuerzas de seguridad federales y provinciales la elaboración de los protocolos operativos que regulan la intervención en las protestas sociales y que incluyen aspectos críticos como el uso de la fuerza. Sin embargo, las autoridades no pueden renunciar a sus funciones de gobierno y control político de las fuerzas en aspectos esenciales para la vigencia del ejercicio de los derechos fundamentales.
En 2011, las provincias adhirieron a los “Criterios Mínimos para el Desarrollo de Protocolos de Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales en Manifestaciones Públicas”, orientados a proteger y garantizar los derechos involucrados en las protestas sociales. Por un lado, las autoridades provinciales y nacionales deben ratificar la vigencia de estos principios. Al mismo tiempo, los Criterios deberían ser convertidos en una ley destinada a proteger a largo plazo y en todo el país los derechos humanos en las protestas sociales.
Centro de Estudios Legales y Sociales
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