Caracas bombardeada
Estados Unidos y la promesa de la restauración
La intervención militar en América Latina y el Caribe constituye uno de los ejes estructurantes de la política exterior estadounidense. Desde finales del siglo XIX, Latinoamérica ha sido la región más intervenida por Estados Unidos, mediante ocupaciones, golpes de Estado y operaciones encubiertas. El uso sistemático de la fuerza ha operado como instrumento de regulación regional bajo la sostenida promesa de restaurar el orden, la economía y la democracia. La restauración ha funcionado como lenguaje moral de la violencia. Organiza el relato, legitima el castigo y convierte la intervención en una práctica inteligible, necesaria y socialmente aceptable.
La política exterior de EE. UU. ha desplegado esta lógica de restauración a través de la agresión continua sobre el continente. Haití sufrió una ocupación prolongada entre 1915 y 1934 que destruyó su soberanía fiscal y dejó decenas de miles de muertos. República Dominicana fue convertida entre 1916 y 1924 en un laboratorio de control aduanero, financiero y militar. Nicaragua fue sometida durante décadas a ocupación, contrainsurgencia y guerra indirecta, desde la persecución de Sandino hasta el financiamiento de la Contra. Guatemala, tras el golpe de Estado de 1954, ingresó en una guerra de treinta y seis años orientada a la destrucción de grupos étnicos específicos, lo que derivó en el genocidio de amplios sectores de la población maya. El Salvador vivió masacres como El Mozote, atestiguada por Rufina Amaya, única sobreviviente conocida. En el Cono Sur, esta violencia adoptó la forma de dictaduras coordinadas. El Plan Cóndor articuló a Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil en una red transnacional de persecución, secuestro y exterminio político, desplegando un terrorismo de Estado que reorganizó violentamente la economía y la sociedad bajo subordinación externa. En 1989, Panamá fue bombardeada para asegurar el control de infraestructuras estratégicas como el Canal, dejando miles de víctimas, una cifra que sigue siendo objeto de disputa hasta hoy.
Estos episodios responden a una misma racionalidad. En todos estos casos, la coerción operó como técnica de gobierno y fue sostenida por respaldos internacionales, silencios diplomáticos y por un lenguaje que normalizó la agresión. Esta racionalidad, que se reconoce también en otros territorios sometidos a castigo permanente y al exterminio, como Palestina, explica por qué la restauración nombra aquello que se destruye con legitimidad.
La Doctrina de Seguridad Nacional, formulada durante la Guerra Fría y difundida sistemáticamente por Estados Unidos en América Latina a través de academias militares, programas de entrenamiento y cooperación hemisférica, redefinió al enemigo como una amenaza interna. Esta doctrina actuó en un entramado histórico de acuerdos y programas. Desde la Doctrina Monroe (1823), resignificada por el Corolario Roosevelt (1904) como facultad de intervención, hasta el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, 1947), que juridificó la seguridad hemisférica, se consolidó una estructura de poder aplicada, en los hechos, como tutela sobre América Latina. La Alianza para el Progreso (ALPRO, 1961) incorporó a este dispositivo una dimensión económica y social, presentando el “desarrollo” y la “ayuda” como parte de una retórica de estabilización. En su conjunto, estos instrumentos buscaron administrar la conflictividad regional, cooptar gobiernos y legitimar la violencia preventiva como técnica ordinaria de gobierno.
En Venezuela, la promesa de restauración adoptó una forma explícita en abril de 2002, durante el intento de golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez Frías. Washington fue uno de los primeros en reconocer a las autoridades que impuso el quiebre institucional, presentando el golpe como una restauración democrática. La agresión incluyó la disolución de la Asamblea Nacional, la suspensión de la Constitución, la derogación de las Leyes Habilitantes y la represión de manifestaciones populares, antes de que la movilización masiva restituyera el orden constitucional. Se anunció la eliminación de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de Tierras, dejando en evidencia la centralidad de la disputa energética y económica. La restauración apuntaba a revertir un proyecto político que había puesto en cuestión el control del petróleo y la orientación soberana del Estado venezolano.
La historia permite reconocer una cartografía energética de la dominación a partir de la cual se configura una oleopolítica, entendida como una racionalidad del poder que convierte oleoductos, reservas y rutas de exportación en objetivos estratégicos. El control del petróleo, de la energía y de los circuitos comerciales estructura así la política de restauración.
El bombardeo de Caracas que inauguró el año 2026 se inscribe en esta práctica ininterrumpida del poder ejecutivo de Estados Unidos. Desde la aprobación de la Ley de Poderes de Guerra en 1973, ratificada sobre el veto de Richard Nixon, todos los presidentes de EEUU, sin excepción -aunque con diferencias-, han ignorado o reinterpretado sus límites. Esta deriva ha sido posible por la aceptación, la delegación y la inacción del Congreso, y ha operado además al margen del derecho internacional, vaciándolo progresivamente. Los ataques contra América Latina forman parte de una racionalidad imperial-colonial que ha hecho de la excepción legal su forma de gobierno.
Esa racionalidad persiste por medio de la actualización de sus lenguajes. Hoy la violencia circula a través de discursos de normalización, seguridad, eficiencia y gobernabilidad. La retórica se amplifica en una circulación discursiva dominada por la opinión instantánea que trivializa el daño y diluye la gravedad de lo ocurrido. ¿Qué formas de consentimiento político se producen cuando la crueldad se vuelve banal?
Las redes sociales, la inteligencia artificial y la economía de la atención no solo informan sobre la guerra. La estetizan, la fragmentan y la convierten en un espectáculo permanente que produce distancia y vuelve tolerable lo intolerable. En el caso venezolano, la banalización opinológica ha sido especialmente violenta. La discusión pública se ha desplazado hacia rumores, filtraciones y detalles secundarios, mientras el núcleo del problema queda sistemáticamente descentrado, esto es la aceptación de que una potencia viole abiertamente el derecho internacional sin consecuencias. Por eso, la bomba en la cabeza que hoy tiene el pueblo venezolano no puede dejar de estremecernos. Está en juego la vida de millones de personas y el cruce de un umbral político que redefine qué formas de daño pueden imponerse como realidad legítima en el presente. Ese umbral se cruza en un escenario en el que los avances en tecnología militar, las armas autónomas, los sistemas de vigilancia total y la capacidad de destrucción remota convierten la guerra en una posibilidad constante, difusa y deslocalizada.
¿Qué significa que, después de las catástrofes del siglo XX y de la construcción de un sistema internacional destinado a impedirlas, la agresión abierta vuelva a presentarse como una opción legítima del poder? Día tras día asistimos a un genocidio en Gaza, con ciudades arrasadas y poblaciones civiles sometidas a un asedio prolongado, sin que esa exposición constante haya activado límites efectivos ni logrado detener la agresión.
Hemos aprendido a consumir la violencia como una experiencia espectacularizada y regular, y a confundir el colapso con la normalidad. Giorgio Agamben advirtió que lo verdaderamente monstruoso del campo de concentración no era solo el exterminio, sino la persistencia de la vida cotidiana en medio del horror. Lo más perturbador del mal es precisamente esa normalidad.
La violencia extrema no busca únicamente destruir, busca enseñar obediencia, fijar jerarquías y producir miedo. Funciona como una pedagogía del castigo. La restauración administra la devastación, y la tolerancia ante esta violencia no puede explicarse únicamente por desinformación. Se explica por procesos de habituación, por la conversión de territorios en zonas de excepción permanente y por la producción de un sentido común que jerarquiza unas vidas sobre otras. Esta habituación permite comprender el presente y explicar el ascenso, incluso por vía electoral, de nuevas formas de fascismo. Cuando la política se organiza en torno a la administración de la muerte, lo obsceno es la calma con que aprendemos a aceptarlo.
Mia Dragnic García
Doctora en Estudios Latinoamericanos
