por Antonio Gómez Villar
En los últimos tiempos, la ciudadanía se ha convertido en un factor de privilegio, que estigmatiza y discrimina a quienes son considerados ‘extraños’ o ‘extranjeros’. La aparición de candidaturas ‘ciudadanas’, pensadas como espacios del 99%, obliga a repensar y a redefinir este último término. Uno de los desafíos de estas candidaturas será hacer de los ayuntamientos instituciones no racistas ni segregadoras.
En los últimos meses, el Estado español se ha convertido en un laboratorio de experimentación en el que han surgido nuevas formaciones políticas: Podemos, el Partido X o los diferentes “Ganemos” en el conjunto del Estado. Estas formaciones tienen como denominador común desafiar la vieja lógica de partido inscrita en una gramática política autorreferencial e identitaria. Desafían la lógica dicotómica izquierda/derecha y se articulan como espacios del 99%, de la mayoría, de los de abajo, de la gente, del pueblo, de la ciudadanía.
En este contexto, las diferentes iniciativas municipalistas que están surgiendo en distintas ciudades y pueblos del Estado, articuladas a partir de diferentes movimientos e iniciativas ciudadanas, se definen a sí mismas como ‘candidaturas ciudadanas’. Esta definición, que hace de la transversalidad un valor y un potencial político fundamental, según como sea presentada, puede resultar del todo insuficiente para la penetración en las instituciones del régimen en clave de ruptura democrática. Y es que la definición de las candidaturas como ‘ciudadanas’ ha de ir acompañada de una exigencia: la redefinición del concepto mismo de ciudadanía. El riesgo de las candidaturas ciudadanas pasa por constituirse, justamente, como candidaturas únicamente ciudadanas, donde por ciudadanía solo se entienda la posición de los individuos frente a un Estado; ciudadanía entendida como la definición del sujeto de la institución, en relación a la cual se es “ciudadano” o “extranjero”. En otras palabras, la ciudadanía como concepto limítrofe entre un adentro y un afuera.
Durante el último ciclo de movilización, que arrancó en las plazas en mayo de 2011, la dignidad ha sido un concepto clave. Es por ello que han existido múltiples intentos de vaciar su potencial político. La definición periodística del momento15M como el movimiento de “los indignados” pretendía inscribir el acontecimiento surgido en las plazas en el ámbito de lo puramente impolítico: la indignación como la extensión de un cabreo cualquiera en la cola del supermercado. Así, la indignación no sería más que el reclamo que los ciudadanos hacen al soberano por haber incumplido éste su parte del contrato social –“me dijiste que estudiase idiomas, que hiciese un máster y prácticas no remuneradas; lo hice, cumplí mi parte, y tú no me das nada a cambio”.
Pero el punto de partida del 15M no fue la indignación, sino la dignidad como el mínimo innegociable. La dignidad no como un reclamo, como una de las posibles peticiones al soberano; sino la dignidad como la irreductibilidad de cada vida humana. En el 15M, en cierto sentido, deshabitamos nuestra condición de ciudadano-liberal, como sujeto de derechos y deberes que desde la sociedad civil expresa su “indignación”, y se puso el valor de cada una de las vidas como punto de partida; una vida determinada por la vida misma. Creo que las diferentes candidaturas ciudadanas que están surgiendo en diferentes ciudades y pueblos no habrían de confundir el punto de partida en este camino por la reapropiación de las instituciones del régimen: el punto de partida no es la ficción liberal del individuo como ciudadano, sino la dignidad de las vidas que habitan el cuerpo social irreductible a unidad.
Estas consideraciones nos parecen del todo pertinentes desde la perspectiva de los migrantes. El concepto de ciudadanía resulta estrecho si por 99% entendemos un cuerpo social, un nosotros que es, justamente, el 99% –también, claro está, los migrantes, con o sin papeles, los refugiados o los amparados por el asilo político–. Las candidaturas municipalistas habrán de redefinir el concepto de ciudadanía como concepto excluyente que posibilita la decisión sobre el valor o disvalor de la vida en cuanto tal, sobre qué vidas son sujeto de derecho y cuáles no lo son. Se trata de imposibilitar la entrada de las vidas, su dignidad, en el terreno de la contingencia.
Salir de este terreno de la contingencia y que la vida sea determinada por la vida misma, significa hacer de nuestros ayuntamientos instituciones no racistas. El racismo, nos dice Foucault, no ha de ser definido a partir del concepto de ‘raza’, a partir de su menosprecio. El racismo, antes bien, tiene que ver con la constitución de una línea divisoria entre las vidas que el poder no puede matar y aquellas que pueden ser puestas a muertes –en la valla de Melilla, en el CIE, en las redadas–. Esas muertes no responden a un impulso de muerte del soberano, son muertes realizadas en nombre de la vida, de la defensa de los nuestros, de nuestros ciudadanos.
Es cierto que los ayuntamientos carecen de muchas competencias para lograr según qué cambios y transformaciones. Pero existen muchas posibilidades de intervenir sobre el estado de excepción, que hoy ya es regla, en el que se encuentran los migrantes en las ciudades del Estado español. Es posible desafiar el “nosotros” de la ciudadanía. No se trata de inscribir a los migrantes en el discurso de la “indignación”, reclamando para ellos un trozo de la tarta, sino de cuestionar la naturaleza misma de la tarta. Afrontar, construir y subvertir los lugares en los que han sido destinados los migrantes, penetrar los dispositivos de poder que hacen de los migrantes vidas abandonadas expuestas al poder soberano.
Los Ayuntamientos pueden enfrentarse a este poder allí donde se ejerce: en las ventanillas de las administraciones, en las burocracias sanitarias, en los médicos que se niegan a dejar sin atención médica a los migrantes, en el empadronamiento de personas sin domicilio fijo, en la apertura del registro de parejas de hecho, en la segregación escolar, en la prohibición del burka, en la libertad de culto, en las redadas racistas, en la denuncia de la lógica concentracionaria de los CIEs, en la trata de personas, en la facilitación del arraigo o en la renovación de la residencia. Se trata de incorporar como sujetos políticos a los sujetos de la exclusión, de restituir a las migraciones como sujeto político desde una dignidad que nunca necesita ser otorgada. Los ayuntamientos como lugares de respuesta y reapropiación. Los ayuntamientos como campo de batalla.