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| Foto: Sebastián Andrés Vricella
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Aunque no lo admita, Pedro Biscay es un sobreviviente. Con su título de abogado recién estrenado recaló allá por 2003 en el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Ceppas), donde aprendió el oficio con Alberto Binder. Luego se desempeñó como coordinador del área Fraude Económico y Bancario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), junto a Carlos Gonella. Y arribó al Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a fines de 2014, convocado por Alejandro Vanoli. Una carrera veloz y obsesiva por descifrar los entreverados circuitos del delito financiero, la verdadera placa madre de la democracia neoliberal.
Cuando el proyecto político al que tardíamente terminó adscribiendo fue derrotado en las urnas, él permaneció en su puesto en cumplimiento del mandato constitucional otorgado por el Senado de la Nación. Y desde allí pispea, atónito, el regreso del tren fantasma del endeudamiento y la fuga de capitales. Biscay es un sobreviviente de una época que no merece morir, al menos no del todo, pero parece estar apagándose sin remedio; mientras contempla con amargura el asomar de una era que no quisiéramos ver despegar, aunque casi nada parece ponerle freno.
Lo que sigue es la transcripción de una larga entrevista realizada en su despacho de Reconquista 266. Fue grabada el viernes 26 de mayo, el mismo día que la Cámara de Casación porteña rechazó su pedido de recusación contra el juez Claudio Bonadío en la causa conocida como “dólar futuro” y caratulada como “Banco Central de la República Argentina y otros s/defraudación por administración fraudulenta”. Porque Biscay es uno de los 16 procesados en ese expediente judicial y ultramediático, que avanza ante el asombro de una casta política que tira la piedra y luego esconde la mano.
Nuestro entrevistado se esfuerza para no parecer abatido por el contexto. Y ensaya una interpretación orgánica de la madeja que vincula el ajuste y la devaluación con las operaciones extorsivas orquestadas desde el poder judicial: un mapa para entender el devenir mafioso de las finanzas, y su arrastre sobre el conjunto de las instituciones de una república éticamente en bancarrota.
Devaluación forzada de la moneda
La denuncia que da origen a este juicio fue presentada el 30 de octubre de 2015, por Mario Negri y Federico Pinedo, dirigentes políticos en ese entonces de la oposición, cinco días después de las elecciones generales donde Cambiemos ganó la Provincia de Buenos Aires y se proyectó hacia el ballotage. ¿Qué buscaban en ese momento?
La denuncia por la venta de contratos de futuro de dólar encierra una operación política montada en el último mes y medio del gobierno de Cristina Fernández con la finalidad de desplazar a Alejandro Vanoli de la Presidencia del Banco Central de la República Argentina. ¿De qué manera? Mediante una causa penal inventada para cuestionar su desempeño como presidente del Banco. Cuando asumen las nuevas autoridades de Cambiemos, buscan una refundación financiera orientada a despolitizar las finanzas. Lo que puntualmente significa: proscribir en la medida de la posible el financiamiento del Tesoro a través del Banco Central mediante el uso de adelantos transitorios; y reducir fuertemente la base monetaria, que entre enero y marzo del 2016 tuvo un ritmo de crecimiento negativo del tres por ciento, cuando la tendencia desde el 2010 en adelante fue de crecimiento positivo, producto de una determinada configuración política y de definición estratégica del rol del Banco Central en la economía. La denuncia viene a poner fin a un ciclo donde el Banco Central tiene una visión política y un rol a jugar con relación a la generación de empleo, la inclusión social y la expansión de derechos. Por eso la acusación fundamental es que el BCRA estaba politizado, que era una chequera, porque en el fondo de lo que se trata es de romper los atisbos o resabios de soberanía política que pueda tener la moneda argentina. Y de ahí el cambio de semblante en los billetes que vienen ahora. De ahí, también, que se piense exclusivamente en una tasa de interés de referencia dirigida a contraer la economía y generar desempleo como política para bajar la inflación.
¿No había también un objetivo táctico e inmediato en la denuncia, de forzar una devaluación por parte de la gestión anterior antes de entregar el gobierno?
Sí, este es el otro elemento. Nosotros luchamos contra la manifestación recurrente de corridas cambiarias. Fueron nueve las corridas, fue un período de fuerte especulación financiera, una especulación descomunal para desestabilizar el peso y para provocar una devaluación. De modo que, si el mercado lograba imponerle la devaluación al gobierno kirchnerista, sobre sus espaldas caería la responsabilidad por los costos salvajes en términos de aumento de los precios, caída del salario y aumento de la desocupación. De hecho, la narración sobre la pesada herencia que propone el macrismo ha sido tan desprolija que ni siquiera puede sostenerse en términos numéricos: tuvieron que maquillar el déficit para elevarlo al 7,1 por ciento dejando de lado incluso la metodología prevista en el Manual del FMI; tuvieron que negar la política de crecimiento del empleo informada según registro de aumento de CUILes que marca 590 mil puestos creados en el sector privado y 280 mil en el sector público entre 2010 y 2015; pero no pudieron ocultar que el país creció un 2.1% el año pasado, incluso según informes del INDEC de estos meses. Creo que la “pesada herencia” se construyó como relato sustituto ante la confirmación de que no estábamos dispuestos a devaluar la moneda.
Una vez que el macrismo llega al gobierno, cambia el sentido de esta causa. ¿Cómo y por qué?
Digamos que los usos políticos de esta causa mutan cuando cambia la administración del Banco Central, porque la actual conducción es responsable de la devaluación. La decisión de devaluar fue tomada coordinadamente por el Ministro de Economía y el Presidente del BCRA, y se instrumentó con la liberación del mercado de cambios a partir de la Comunicación “A” 5850. Esa normativa se votó en el Directorio, con la oposición de los tres directores que venimos de la anterior administración. Producida la devaluación, los contratos cambiaron de signo; esto es, la compensación de un contrato pagadero en pesos en el mercado de futuros que hasta ese momento daba resultados positivos para el Banco Central, con ganancias que habían alcanzado los 5.500 millones de pesos, se traduce en una compensación negativa que ahora tiene que empezar a realizar el BCRA con relación a los tomadores de esos contratos, entre los que hay empresarios que buscaban cobertura por operaciones a plazo y otros que estaban especulando. Como te decía, este cambio de signo implica que la causa empieza a mutar en sus usos políticos y se transforma rápidamente en una herramienta para cuestionar la línea de política monetaria y financiera que la administración del gobierno de Cristina Fernández llevaba adelante. Lo que quieren es hacernos pagar a nosotros las consecuencias políticas por no haber devaluado: el procesamiento es básicamente un castigo anticipado por intervenir en el mercado de cambios. Por eso el juez, mediante una interpretación que es disparatada y forzada por todos lados, involucra penalmente a la ex presidenta. Llegados a este punto solicité la recusación del juez Claudio Bonadío, por su manifiesta falta de imparcialidad. Es impactante el modo en que obstaculizó el acceso a fotocopias y a presentar y producir prueba de utilidad para dilucidar aspectos de la operatoria. Un disparate jurídico de esta magnitud solo se sostiene sobre la base de denegar el derecho de defensa en juicio.
Hay quienes creen que la causa se transformó en una jugada personal de Bonadío, ya que algunos voceros del actual gobierno han dicho que la acusación carece de fundamento: me refiero a Carrió, al propio denunciante Federico Pinedo, y a ciertas voces periodísticas de los principales medios empresariales.
Bueno, claramente hay una irresponsabilidad por parte de ellos en hacer este tipo de operaciones políticas para romper la estabilidad de mandatos que son definidos por voluntades constitucionalmente establecidas. El mandato de un director del Banco Central requiere aprobación del Senado de la Nación y se confiere por un tiempo determinado. Este procesamiento por la causa de futuro de dólar implica, por ejemplo, un serio cuestionamiento respecto de si el BCRA es un actor legítimo para fijar el tipo de cambio en una economía; si es un actor legítimo o no lo es para determinar una tasa de interés; y si el BCRA en última instancia es un actor legítimo para emitir moneda y para regular el mercado y el sistema financiero en su conjunto. Si preguntas, varios funcionarios de primera línea del Banco te dicen que el fallo crea tanta incerteza que prácticamente impide ejercer políticas de regulación de banca central sobre los mercados. De manera que, más allá que quienes han originado esta denuncia terminen diciendo que no tenían previsto que Cristina forme parte de la causa penal, hay un grado de irresponsabilidad mayúscula en tanto no se piensa los efectos nocivos que judicializar una política económica determinada genera en términos de estabilidad de un sistema monetario. En síntesis, la causa penal y el procesamiento reflejan una decisión política de alto nivel: no controlar ni regular las finanzas. Pero hay una segunda cuestión que me parece clave y es que Cristina Fernández de Kirchner aparece involucrada en esta causa penal de una manera forzada, caprichosa e ilegítima, porque la operación tiene un alcance geopolítico. Esta causa debe leerse en serie con otros ataques que en América Latina están sufriendo los pueblos y sus organizaciones sociales y sobre todo los líderes que han representado un proyecto de independencia política y económica de los poderes imperiales. Esta causa es una persecución. No solamente una determinada discrepancia con una política económica o monetaria, sino una persecución a quien lideró un proceso político de independencia y que representa los intereses de los sectores populares, con todas las limitaciones que pudo haber tenido ese proceso en términos históricos. Y me parece que hay que poder leer también esta denuncia penal, como una operación política que transcurre en paralelo a la persecución y encarcelamiento ilegal de Milagro Sala, que es la diputada en el Parlasur que representa al indigenismo y los sectores trabajadores del Norte argentino, y que ha logrado construir una alternativa de poder contra-oligárquico en Jujuy. Hay una línea de actuación muy precisa que busca desarticular líderes populares en América Latina, porque se está buscando dinamitar un proceso de independencia económica y crear las condiciones para que nuestros países firmen los acuerdos de libre comercio a nivel mundial. Es la vuelta del ALCA y en ese plan los sectores trabajadores ocupan un lugar específico como mano de obra intensiva y no calificada.
Volviendo a la causa: durante las indagatorias el juez parecía orientarse a acusarlos por asociación Ilícita, pero en el procesamiento cambia la figura penal. ¿Por qué? ¿Y de qué, concretamente, se los acusa ahora?
Cuando Bonadío toma la primera indagatoria, sorpresivamente aparece una imputación por asociación ilícita. Se dibuja de forma encubierta, porque aparecen los rasgos típicos de esta figura que en el derecho penal nació para perseguir a las organizaciones obreras. Nos imputaron el haber actuado en forma planificada, organizada y sistemática, con una jefa que daba las órdenes, organizadores que las ejecutaban y miembros que las cumplíamos. Un disparate que consiste en travestir una unidad política constitucional y democráticamente elegida en una banda criminal dedicada a cometer delitos. Lo que estaba tratando de decir Bonadío es que quiere ver presa a Cristina Fernández de Kirchner porque en la jurisprudencia argentina (y más en la de su tribunal), la asociación ilícita siempre ha sido la figura penal utilizada para encarcelar a alguien al momento de dictar su procesamiento. ¿Qué pasó entre la primera indagatoria y el 13 de abril cuando le corresponde declarar a la ex-presidenta? Se impuso en las calles una fuerte movilización popular de apoyo a Cristina que marcó, me parece a mí, un punto de inflexión, un cambio de dirección. Luego, al momento del procesamiento Bonadío se echó atrás y dijo que el hecho de que hubiese descripto los elementos típicos de la asociación ilícita no implicaba que la iba a imputar necesariamente por ese delito.
¿Y en el procesamiento, finalmente, de qué se los acusa?
La acusación es por administración infiel agravada en perjuicio de una administración pública. Un delito contra el patrimonio, que implica quebrantar el mandato de administración de un patrimonio ajeno, mediante la generación de un daño concreto o generando un aprovechamiento o un beneficio a favor de un tercero. El mismo delito por el que tienen presa a Milagro Sala, el mismo delito que encuadró la investigación por la deuda externa en la Argentina y por muchos otros delitos económicos cometidos por bancos y entidades financieras, como el caso Moneta o el Megacanje. El registro de presos por este delito es muy finito, sólo Milagro Sala está presa. No es curioso este dato, revela la condición de clase del sistema de justicia.
Puede decirse entonces que, de hecho, la causa empezó a morir con este cambio entre la indagatoria y el procesamiento.
Bajó de precio un poco la causa y me parece que quedó a las claras lo descabellado que resulta meter por la ventana a la ex Presidenta y también al ex ministro de Economía. La imputación por administración fraudulenta es descabellada porque no hay una violación a los intereses confiados. Haber devaluado la moneda, como lo pretendieron con esta causa, hubiese implicado violar ese mandato de confianza. Yo no tengo ninguna duda respecto de que la administración que llevamos adelante se encargó de custodiar el valor del peso frente a una embestida devaluacioncita que buscaba alterar esos valores, con un impacto directo que se ve hoy en los salarios que cayeron abruptamente. Argentina tenía el nivel de salarios más alto en América Latina cuando terminó el mandato de Cristina: 622 dólares. Y hoy cayó a 418 dólares aproximadamente. Cayó un 33%. Entonces, nosotros cumplimos con un mandato que teníamos de proteger al país de una devaluación y de generar inclusión social. Ese mandato está atado a una determinada atribución constitucional que nuestra Carta Magna pone en manos del Congreso, quien tiene la función de fijar el valor de la moneda local y la extranjera, vía el Banco Central. En este sentido Bonadío opera como representante de los sectores económicos a los cuáles les molesta que el Estado intervenga en la economía fijando, por el mecanismo técnico que sea, el precio de todas las relaciones comerciales. Se nos acusaba de que el tipo de cambio estaba retrasado y eso tornaba a la economía poco competitiva; sin embargo, la devaluación no mejoró los términos de competitividad de la Argentina: durante el primer cuatrimestre de este año las exportaciones fueron levemente menores respecto del primer cuatrimestre de 2015.
Dólar delivery: de Redrado a Bonadío
Sin embargo, queda la idea de que el manejo que hicieron específicamente con el dólar a futuro fue ruinoso, y eso habilitaría la acusación por administración infiel.
No creo para nada que exista un daño aquí que permita justificar un procesamiento por el delito de administración infiel. Fijate el siguiente aspecto que muestra la mutabilidad de las funciones o de los usos políticos de esta causa: cuando el proceso arrancó se nos acusó, e incluso está puesto por escrito en la denuncia, de que estábamos haciendo negocios para el sector privado, es decir que beneficiábamos a grupos económicos. Bastó con comprobar que quienes habían comprado futuros eran funcionarios de la administración del actual gobierno, e incluso funcionarios que fijaron el precio de los contratos en el re ajuste de precios, para que ese argumento desaparezca del mapa, desaparezca de la escena. Esta es la otra razón por la que cae la idea de una asociación ilícita, porque se demostró por los hechos objetivamente constatados, que no existía un contubernio entre la administración anterior y específicos actores del mercado. Creo que los medios esperaban, cuando se publicó la lista, encontrarse del otro lado a Cristina, a familiares de Vanoli, o mios, no sé. Pero no estábamos nosotros del otro lado, los que estaban eran los funcionarios que conforman el actual gobierno. Ahora hay un fiscal y un juez que tienen que investigar si manejaban información privilegiada, porque en realidad el único contubernio que existió fue entre el mercado y la actual gestión política. Y digo que era un contubernio porque si pensaban devaluar no tendrían que haber tomado posiciones en contratos de futuros. Entonces, rápidamente, ese argumento lo dejaron de lado. Pero ese hecho también pone en duda la acusación por “administración fraudulenta”, porque esta última tiene más peso cuando se utiliza o se comete el delito para beneficiar un tercero.
Insisto con algo: ¿existe un daño producido al Banco Central por la operación que hicieron con el dólar a futuro?
No existe. El balance del Banco Central que acaba de ser aprobado hace pocos días por el directorio refleja resultados positivos. Su patrimonio neto es positivo, nuestra gestión cerró el 2015 con un total de 177.346 millones contra 108.315 millones de 2014. Te leo: las utilidades del BCRA fueron 147 mil millones en 2015, frente a 78 mil millones de 2014. O sea, un 88 por ciento más. Pero hay más, para que tomes una dimensión de lo inconsistente que es la acusación: mientras las erogaciones monetarias ocasionadas por la devaluación en lo referido a las operaciones de futuros fueron de un poco más de 42 mil millones, la revalorización de los activos dolarizados arrojó una ganancia de casi 251 mil millones. ¿Se entiende en qué sentido el balance de un Banco Central es dinámico?
¿Y este balance lo aprobó el actual directorio del BCRA?
Hace apenas unos días. Pero quiero ir más allá: la discusión de fondo es también si un Banco Central puede o no registrar pérdidas contables. Toda política tiene un costo de implementación, genera consecuencias. La política monetaria también. La política de futuros de dólar generó, obviamente, consecuencias que se registran a nivel de balance. De hecho, el balance de un Banco Central, incluso desde la concepción de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es en sí mismo un instrumento de política monetaria. Esto es, un Banco Central puede utilizar su balance como herramienta de política. La cuestión es si un balance presenta un patrimonio neto que decrece: ¿implica necesariamente que se está causando un perjuicio al Banco Central? ¿Ese perjuicio es jurídicamente relevante? ¿Es posible evaluar a un Banco Central con los criterios de una empresa comercial? ¿El objetivo de un Banco Central es tener ganancia o rentabilidad? No, un Banco Central regula la política monetaria y la política financiera, y su objetivo es dar estabilidad, ir contra la corriente. El balance de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuando se produjo la crisis de 2008, mostró un crecimiento descomunal de los activos y pasivos porque la FED tuvo que salir a rescatar las hipotecas-basura de la crisis subprime. Compró los créditos, emitió letras del tesoro para amortiguar los efectos negativos de la crisis, y eso se vio reflejado en el balance. El presidente de aquel momento de la Reserva Federal, Ben Bernanke, sostuvo que el balance del Banco Central se ponía en juego para administrar la salida de una situación crítica, diciendo incluso que la compra de estos activos basura no generaba (pese al aumento descomunal) un “riesgo de crédito” para la FED. Te pongo otro ejemplo, en el año 1992 se produjo en Inglaterra una corrida descomunal contra la libra esterlina. El Banco de Inglaterra llegó a perder 3.300 billones de libras para parar una crisis devaluatoria contra la moneda mientras que Georges Soros ganó miles de millones de dólares vendiendo posiciones de corto plazo de esta divisa. Sin embargo, esto no implicó una discusión sobre si el Presidente o el board del Banco de Inglaterra era responsable penalmente por haber gastado la cantidad de libras esterlinas que gastó para frenar una devaluación que finalmente no logró frenar. La política de emisión de Lebac, con una tasa del 38 por ciento, también tiene consecuencias, porque implica aumentar el déficit cuasi fiscal del Banco Central en función de una deuda con el mercado financiero y hasta con los consumidores que invierten en este título. La cantidad de Lebac colocadas en el mercado casi iguala la base monetaria, con lo cual la presión de esa deuda cuasi fiscal es poderosísima. ¿Esto implica que el Banco Central está sufriendo un deterioro contable en su patrimonio o en su balance por los pagos comprometidos? Yo creo que no, porque forma parte de la política que hoy el Banco lleva adelante con un fin determinado. La política de Lebac con una tasa tan alta sí tiene consecuencias sobre la economía real porque implica enfriar los niveles de actividad económica e implica, también, aumentar los niveles de tasa de interés de toda la economía, con lo cual, deteriora la actividad productiva.
Un argumento que utiliza el juez es que los dólares a futuro que se canjeaban a 10 u 11 pesos en Buenos Aires podían venderse a 14 en Nueva York. ¿Eso es verdad?
Eso es falso. Pero más importante es lo siguiente: también es falso lo que sostiene Bonadío, y que en su momento plantearon quienes orquestaron esta operación política, de que el precio del mercado de los contratos de futuro se define por una referencia del exterior, el NDF. El Non-Delivery Forward no es un mercado sino un tipo de contrato que se pacta en el exterior entre un banco y un cliente, que no está institucionalizado ni responde a reglas preestablecidas. Es bilateralidad pura, donde las partes acuerdan las cláusulas de forma privada. Además, el NDF es una operatoria que se llama “over the counter”, OTC, es decir que no hay un mercado institucionalizado que regule las relaciones jurídicas comerciales y financieras que tienen allí lugar. Mientras que el mercado donde nosotros operamos, el ROFEX, sí está institucionalizado y regulado, además de operar en pesos a diferencia de los NDF que son contratos pagaderos en dólares. El precio de un mercado se determina en el ámbito en que las operaciones se realizan y no en otro. Las operaciones realizadas en el ROFEX nunca fueron atacadas ni nulificadas porque eran válidas. Por otro lado, la intervención del BCRA siempre es regulatoria, es decir que obedece a esa finalidad.
¿Y por qué hay tanta diferencia entre un precio y otro?
Bueno, el precio de un mercado de futuro en la Argentina se define por el precio del tipo de cambio, el dólar presente, más una tasa de interés. Ese valor es el precio del mercado de futuro de dólar, el que rige ese contrato de dólar a futuro. Históricamente, el precio del mercado del ROFEX, donde interviene el Banco Central, define su precio siguiendo esta fórmula que te comento. Luego, el NDF se acopló siempre al nivel de precios del ROFEX excepto en dos momentos. En 2008, con la crisis financiera internacional, hubo un período muy cortito en que se despegó el NDF del Rofex; en esa ocasión Martín Redrado intentó “traerlo”, es decir intervino vendiendo contratos en el NDF, como la denuncia de Bonadío sugiere que debíamos haber hecho nosotros, pero le fue mal, no lo logró y dejó de hacerlo. Luego, disipada la turbulencia financiera, el precio se acomodó. El segundo momento cuando el NDF se autonomiza del ROFEX es en 2015, durante el mes previo a las elecciones, especialmente en el marco del ballotage. Queda más que claro que se trató de un ataque especulativo con intenciones políticas, y que nuestra tarea consistió en resistir esa corrida, sosteniendo el precio pactado en el ROFEX. Otro punto para mostrar hasta qué punto lo que sostiene el procesamiento es inconsistente, es que la participación del Banco Central en el mercado del Rofex no es del cien por ciento de los contratos sino que es del 36 por ciento. Los contratos que vendió el Banco Central fueron el 36 por ciento de los que se celebraron, es decir no fue el único vendedor en el mercado, como se sostiene en la denuncia.
En la foto del presente, entonces, podemos decir que ese ataque especulativo comandado desde el NDF fue exitoso, pues logró doblegar a la moneda argentina forzando su devaluación.
Se habría disipado sí no devaluaban la moneda. De hecho nosotros teníamos un plan de convergencia de precios de futuro de dólar con los ajustes parciales al tipo de cambio que veníamos realizando. Esa convergencia se producía al mes de junio a un precio que rondaba los 11,39. Otro punto que muestra lo miserable de esta denuncia es cuando sostiene que habían actores que compraban acá en el ROFEX, se daban vuelta y vendían allá en el NDF. Eso también es falso, porque el Banco Central tenía controles a la circulación de capitales y solamente se podía vender o girar plata al exterior si se contaba con autorización previa. Con lo cual, no es cierto que se compraba acá un contrato y se lo vendía en el exterior. No había ningún arbitraje posible entre el mercado de futuros locales y el mercado de futuros de Nueva York. Quienes dicen esto tratan de confundir haciendo pasar un análisis de portafolio por un arbitraje de activos financieros.
Altas mafias de interés
Te propongo que nos pongamos un poco cínicos y asumamos como inevitable esta politización de la justicia: “bueno, dejémonos de llorar por un rato”. El gobierno anterior fue derrotado políticamente y el rumbo económico cambió radicalmente. La pregunta sería entonces: ¿qué tipo de autocrítica se pueden hacer teniendo en cuenta esta dura derrota?
Desde el lugar donde yo he aportado, lo primero que debe explicitarse en un esbozo de autocrítica es el contexto en el que actuamos: la pelea que nosotros dimos contra cierta concepción de las finanzas estuvo articulada fuertemente por la agenda de los fondos buitre, en un contexto donde la Argentina fue forzada a entrar en un escenario de default creado por un Juez de los Estados Unidos, impidiéndole al país pagar sus compromisos internacionales con los acreedores reestructurados, lo cual impactó en el funcionamiento del sistema financiero dificultando la toma de créditos y elevando las tasas de interés. Asumiendo esa complejidad y esa limitación, me parece que llegamos tarde a la discusión sobre el sistema financiero. Creo que el kirchnerismo llegó tarde a discutir el sistema financiero. Esta discusión debería haberse planteado mucho antes, y creo que todavía hay cuestiones claves que están pendientes como discusión política a futuro. El sistema financiero argentino es profundamente dependiente de las finanzas internacionales, rechaza fuertemente las políticas de supervisión financiera, de control de la actividad ilegal de la banca y de las finanzas, y es un sistema financiero que orienta poco el crédito. La gran discusión que tenemos por delante es cómo profundizar la implementación de las reformas que se lograron con la Carta Orgánica, y que fueron un avance muy significativo; a su vez, avanzar con las reformas a las ley de entidades financieras que abre la pregunta respecto a qué sistema financiero queremos y qué condiciones de funcionamiento no queremos volver a reproducir. Primero, necesitamos una política financiera y de créditos que apueste fuertemente al impulso de la banca pública y nacional, para evitar la dependencia financiera de lógicas globales y de organismos internacionales. Segundo, es fundamental diferenciar tasas de interés por sectores productivos, apostando a controlar los niveles de las tasas. Tercero, queremos un sistema financiero que esté fuertemente supervisado, tanto en términos de liquidez, de solvencia, como de participación de la banca en actividades delictivas. Tendríamos que haber introducido antes esta discusión en Argentina y por eso, si bien la reforma de la Carta Orgánica en el 2012 fue muy significativa, no se logró avanzar en la implementación de políticas claves, como las referidas a la orientación del crédito. Claro que la línea de créditos para la Inversión Productiva fue un gran ensayo y hay que seguir defendiéndola, pero fue muy resistida por el mercado. Quienes conducen hoy la administración del Banco Central tienen una visión orientada a profundizar más aún la participación de las finanzas en el producto bruto, pero si nosotros hubiésemos logrado una mayor contundencia, una mayor raigambre de las políticas de orientación del crédito, hoy sería más difícil de cuestionar lo que considero nuestro aporte. No estoy tan seguro que profundizar la incidencia de las finanzas en el producto bruto mejore la calidad de vida de la sociedad. No estoy tan seguro de que estén dadas las condiciones para que la inclusión financiera no sea expulsiva. Los niveles de tasa de interés en las periferias del sistema financiero, en los proveedores no bancarios son salvajes y predatorios. Muy poco se hace desde la supervisión para regularlos.
En ese sentido, ¿qué tipo de actores son los que impiden un cambio en la orientación política de las finanzas?
Bueno, en primer lugar están los sujetos de las finanzas globales, de los que ya hablamos sobradamente. Los bancos tampoco han sido muy amigos de acompañar una política de orientación del crédito. Orientar el crédito significa fundamentalmente establecer prioridades de financiamiento y diferenciales en la tasa de interés, para que ciertos sectores productivos o ciertas actividades específicas tengan tasas de fomento o tasas amigables al dinamismo de la actividad productiva, a la realidad de cada sector. Hoy, en el contexto de ajuste y recesión, las Pymes necesitan todo el apoyo del Estado con políticas de estímulo y tasas subsidiadas. Creo que otra de las grandes críticas para hacerle al sistema financiero argentino es que ha puesto mucho énfasis en el financiamiento al consumo como correlato del poco énfasis puesto en la producción. La actividad de consumo ha estado fuertemente financiada y ha desarrollado una red, muy compleja y muy opaca a la vez, de financierización de los sectores populares, que son justamente los más vulnerables frente a las finanzas, los que sufren de forma completamente desigual las condiciones o las lógicas de funcionamiento de las finanzas. Porque los sectores populares tienen que pagar una tasa del 150 por ciento o 200 por ciento por un crédito, mientras los sectores de la clase media y alta por el mismo crédito y para comprar el mismo producto operan con una tasa de interés que estaba en el orden, antes de la desregularización de las tasas de interés, del 30/35 por ciento. La expansión de redes de financiamiento ligadas a la industria de los proveedores no financieros, de las entidades para consumo, de las bancas especializadas, de las mutuales que dan créditos, de las cooperativas crediticias, permitió expandir una dinámica de desarrollo de la actividad financiera en la cual los sectores populares quedaron atrapados a los modelos de tasas de interés más usurarios, encima atrapados por los códigos de descuento sobre el salario. Y la banca, en vez de expandirse con los mecanismos tradicionales de una banca pública bien desarrollada y cercana a la gente, quedó acotada.
Vos sos uno de los tres sobrevivientes de la gestión anterior: ¿hay algún tipo de solidaridad por parte de tus compañeros de Directorio en esta causa judicial que parece tan arbitraria, y cuyos argumentos en el futuro podría ser usados también contra ellos?
Yo no me consideraría un sobreviviente. Los tres que estamos aún somos directores con mandato otorgado por el Senado de la Nación, conforme una Carta Orgánica que fija plazos para el cumplimiento de esos mandatos que son distintos al que establece la Constitución Nacional para el cargo de una función presidencial. Por lo tanto, somos directores que venimos de una administración anterior y tenemos nuestra propia visión sobre el funcionamiento de la política monetaria y la política financiera del Banco Central. Así nos hemos presentado en el directorio y así trabajamos, con esa visión crítica sobre las políticas económicas implementadas por esta gestión del Banco Central, porque ya conocemos las consecuencias de estas políticas. El núcleo de este diferendo hoy en día se relaciona con la propensión del nuevo gobierno al endeudamiento financiero y el financiamiento de la fuga de capitales que son, creo yo, los dos grandes vectores que articulan la organicidad de las relaciones financieras en la actualidad.
¿Pero en la institución hay conciencia sobre lo que implica esta causa? ¿Se discutió este tema en el Directorio, por ejemplo?
Bueno, la devaluación la produjeron las actuales autoridades del banco. Además, hay funcionarios que antes del diez de diciembre eran empresarios y habían comprado futuros y actualmente deciden parte de la política económica y financiera del país; ellos están involucrados en otra causa penal por esta misma historia. Lo cierto es que todos han notado que el procesamiento de Bonadío abrió escenarios y consecuencias hacia distintos vectores, entonces se introducen reaseguros adicionales cuando se trata de tomar hoy en día una decisión de política económica que puede implicar incurrir en alguno de los estándares que Bonadío considera que pueden ser factores delictivos, como puede ser fijar una tasa de interés o intervenir en un mercado. Es en ese nivel donde hemos debatido el tema.
Siendo vos un procesado en esta causa, que a su vez ocupás tu lugar en el Directorio, ¿que reflexión te surge sobre las garantías constitucionales que en tu caso personal están siendo puestas en juego, con consecuencias concretas sobre tu persona y sobre tu futuro?
La Cámara de Casación acaba de rechazar mi recusación al juez, con lo cual la causa va a proseguir seguramente. Yo recurriré ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero la causa avanzará como reflejo de una profunda crisis democrática que hay en Argentina. El hecho de que no se discuta este tema en el Directorio tiene que ver con que quienes denunciaron una maniobra que era absolutamente absurda quedaron ahora manchados por los efectos no previstos de judicializar una política monetaria. Pero, me parece, en el fondo hay una profunda crisis en la democracia que tiene que ver con naturalizar operaciones judiciales como un recurso para intervenir la política económica de un gobierno; que tiene que ver también con usar causas judiciales para perseguir políticamente una determinada idea de país, con fuerte tono independentista y latinoamericano. Este es una causa emblemática porque es un caso contra el Estado de derecho. No hay argumentos jurídicos para justificar siquiera aparentemente un procesamiento, y cualquier argumento que se utilice tiene como objetivo maquillar esta operación política, como por ejemplo sostener que el Banco Central no puede intervenir en la fijación del tipo de cambio, que es lo que está implícito en la afirmación de Bonadío cuando dice “Cristina Fernández de Kirchner estaba obsesionada con el tipo de cambio, con el dólar en Argentina”. Y claro que estaba obsesionada, y está muy bien que lo estuviera, porque la historia argentina muestra cómo el dólar ha sido uno de los factores de desestabilización más potentes de nuestra economía, es el mecanismo de transmisión de los golpes de mercado. Si esta causa realmente investiga un delito o no, a nadie le importa. Y a “la política” menos. Lo que importa es que la causa despliega usos políticos. Y desde ese punto de vista, me parece a mí, algunos jueces hacen suya la dimensión mafiosa de las finanzas. Y de ese modo, la dimensión mafiosa del poder judicial se vuelve más explícita. No alcanza con decir que hay jueces mafiosos, o que hay banqueros mafiosos: es la dinámica de funcionamiento de las finanzas contemporáneas la que impone parámetros mafiosos. Porque es extorsiva: ponés la tasa de interés por las nubes o te provocan una corrida cambiaria. Esta es una lectura política de las inferencias de correlación de variables entre el tipo de cambio y la tasa de interés. Si esta última está en niveles bajos, el primero sube. Entonces, tenés que subirla para que el dólar no vuele y con él no vuele la economía por el aire.
Lo que se está discutiendo es la posibilidad misma de una soberanía política que sea capaz de regular dinámicas corporativas y ponerle límite a los intereses de los especuladores.
Lo que se discute es exactamente eso. La conclusión de esta causa penal, en última instancia, es que nos castigan porque nosotros no devaluamos la moneda. No es casual, porque se trata de la primera vez que en Argentina se pudo parar una corrida cambiaria, que en realidad fueron varias corridas cambiarias. Se nos criminaliza por haber cumplido con una función que es lógica. ¿Qué tiene que hacer un Estado soberano cuando atacan su moneda para forzar una devaluación? Nuestra convicción es que el Estado tiene que parar la devaluación, porque si no: ¿quién la para? No la para nadie y entonces pierden los asalariados y ganan los señores de las finanzas.
Fuente: revistacrisis.com.ar