El libro Darío Santillán. El militante que puso el cuerpo, de Ariel Hendler, Mariano Pacheco y Juan Rey (Sudestada 2022), editado a dos décadas de la Masacre de Avellaneda, estudia la paradoja como constante en nuestra historia por la que la muerte violenta (del asesinato estatal o para estatal) constituiría la puerta de entrada para conocer una rica historia de luchas colectivas. Por tratarse de una biografía de Santillán, esta investigación no se ocupa de narrar el periplo de Maximiliano Kosteki, joven militante del MTD de Guernica que fue asesinado minutos antes de Santillán en la misma estación[1]. Es altamente probable, sin embargo, que una investigación equivalente son la vida de Maxi permitiría capar otros tonos de esta historia colectiva. De Santillán se destaca la intensidad de su trayectoria, propuesta como “marca mayor de época”, una síntesis capaz de dar cuenta de la vitalidad de las militancias populares impulsadas a cuestionar el estado de cosas en íntima conversación con los capítulos más ricos de un pasado no tan lejano.
Ese cuerpo. En las Palabras iniciales del libro Darío Santillán el militante que puso el cuerpo, Vicente Zito Lema escribe: “Darío es la figura máxima de nuestra época” y “la época es lo que Darío marca”. Ambas afirmaciones parecen ciertas. Sobre todo, si se acepta que cada época adquiere su propio perímetro irregular a partir de un acontecimiento que perfila el tumulto de hechos y significaciones desde su punto de vista. Es cierto que la llamada “Masacre de Avellaneda” funciona como una poderosa clave de intelección de un tiempo histórico, y que Darío Santillán puede ser convocada como su figura más relevante en función de encarnar -como dice Zito Lema- un rasgo ético extremo, un tipo de heroísmo que salva a la humanidad entera de la miserabilidad a la que la condena la estructura económica y política. El resistente ejemplar -Cristo, Evita, el Che- vendría así a redimir, pero también a orientar las conciencias hacia la creencia y la acción. Si se pueden escribir estas y otras palabras de este calibre sobre Darío Santillán, pienso, es porque su asesinato expuso un choque frontal escandalosamente nítido entre dos tipos de verdades colectivas igualmente difíciles de aceptar desde las perspectivas enfrentadas: la de aquellos que hacen la experiencia de la extensión de una fuerza distinta o contrapoder, y la de quienes tienen de esa fuerza una comprensión mediada por la miseria organizada de la época. Los primeros ven en Darío Santillán uno de los nombres posibles para ese compuesto rebelde en formación, pero los otros solo lo procesan como el efecto de un asesinato brutal que permite asimilar sus valores en un plano simbólico sin que la acompañe una sensación de transformación en el cuerpo.
Es este choque retenido en el nombre de Santillán lo que quizá haya decidido a los autores del libro a comenzar con las siguientes palabras: “Resulta paradójico que alguien que honró la vida como pocos sea conocido sólo por su muerte”. Esta paradoja consiste, precisamente, en que las vidas militantes como las de Darío Santillán procuran encarnar, y no tratar como meros ideales inalcanzables, unos valores ético-políticos considerados por otros como imposibles de realizar. Que la muerte de Darío Santillán lo vuelva más famoso que las acciones colectivas en las que desplegó su vida no es algo que pueda explicarse sólo en base al hecho de que la conciencia popular ya posea de antemano un lugar simbólico disponible para alojar la imagen de los cuerpos sin vida de los mártires, sino que debe considerarse también el que esas luchas, que en vida desafiaban el límite de la sanción de los poderes, imponía a las conciencias una tensión insoportable. Si, luego de la masacre, políticos, comisarios y medios de prensa intentaron ocultar lo sucedido difundiendo la patraña de que “los piqueteros se habían matado entre ellos”, no se debió sólo a la protección de sus propias responsabilidades en el crimen, sino también al hecho de que la masacre fue una acción salvaje y premeditada con un fin preciso: liquidar el desafío político mayor que suponía que la rebelión se extendiese fuera de todo control del sistema entre las redes territoriales y gremiales que soportaban el peso de la crisis.
Las dificultades que debieron sortearse para que la evidencia de la masacre se hiciera pública reflejaba la continuación de la mecánica del “estado terrorista”[2] en la sanción que, a dos décadas de terminada la última dictadura, mantenía vigente los reflejos de la represión clandestina cuyo principio de reproducción hay que buscarlo en las necesidades estratégicas de una economía concentrada, un aparato judicial a su servicio, un aparato de comunicación mercenario y una profesionalización de la política que racionaliza lo social jerárquicamente, de arriba para abajo. Si Darío Santillán es la marca de una época lo es precisamente por el modo en que encarna la paradoja según la cual el crimen político revela aquello que la democracia se ocupa de ocultar de sus propios presupuestos neoliberales. Algo que habíamos visto durante los días 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando decenas de asesinados en todo el país obraban como una suerte de confesión de estado.
La aceptación del nombre del asesinado que ha puesto el cuerpo por parte de quienes sentían inevitable que el orden se reestableciera a como dé lugar es también un modo de conjurar toda responsabilidad colectiva en el crimen, toda complicidad con la verdad social que se expresa en el asesino. De ahí la importancia del Franchiotti como “loco” tan fácil de manipular como de encarcelar. Si la presión social desencadenada luego de la masacre, le hace sentir al entonces presidente interino Eduardo Duhalde la necesidad de renunciar antes de tiempo y convocar a elecciones, la figura del comisario “loco” permitía substraer de aquella presión social toda responsabilidad penal de quienes comandaron políticamente aquella operación. El “loco” estuvo ahí para ocultar no sólo unos nombres más orgánicos al poder, sino para encubrir la podrida racionalidad del sistema, una forma de cordura paranoica cuya verdad última depende de la disposición del torturador y del asesino. La paradoja mencionada pesa a la hora de mencionar a Darío Santillán como figura máxima de aquella época que en muchos sentidos es aún la nuestra. Sobre todo ante el problema irresuelto que Darío Santillán pasó a simbolizar -en su modo de poner el cuerpo, dicen los autores- en torno a los dilemas de la construcción de un contrapoder colectivo contra la miseria planificada de la política neoliberal. La sustitución de esa vida por su muerte posee un sentido complejo, porque en el mismo momento en que alcanza el reconocimiento más extendido se elude la complicidad subjetiva con el represor sobre el que funciona la reproducción de la dominación política democrática.
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Darío y Maxi, la dignidad piquetera. La masacre de Estación Avellaneda del 26 de junio de 2002, en la que fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán -ambos militantes de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón- fue planificada por el poder político del Estado en respuesta a las demandas de normalización política provenientes del poder económico. La política de criminalizar la protesta social fue elaborada y sostenida por el gobierno de origen parlamentario de Eduardo Duhalde y avalada por los gobernadores del peronismo en que se sostenía su gobierno. En la reconstrucción del dispositivo represivo –desarrollado en Darío y Maxi, dignidad piquetera[3]– el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón reconoce los siguientes niveles: el poder económico había exigido la pacificación y normalización represiva del país a través de Eduardo Escasany, presidente de la Asociación de Bancos de la República Argentina y Enrique Crotto, presidente de la Sociedad Rural; el poder político, liderado por el entonces presidente Eduardo Duhalde y su secretario de seguridad Juan José Álvarez (que participaba del dispositivo represivo jugando como “paloma”), quien había compartido un almuerzo con los gobernadores peronistas reunidos en La Pampa el 14 de mayo de ese año, donde el cordobés De la Sota, el pampeano Rubén Marín y el salteño Juan Carlos Romero pidieron “una represión aleccionadora a nivel nacional”; y el poder represivo: “en el operativo represivo del 26 de junio por primera vez actuaron de manera conjunta las tres fuerzas federales (Gendarmería, prefectura y la Policía Federal) y la policía bonaerense, para enfrentar la protesta social”. Las fuerzas represivas actuaron, como de costumbre, con un rostro legal y otro clandestino: en Avellaneda, en efecto, “participaron muchos más agentes que los reconocidos: formaron parte de la represión efectivos que no figuraron en los reportes oficiales, de uniforme o vestidos de civil, incluso retirados de la policía convocados con anticipación”. La masacre de Avellaneda fue parte de una “decisión política”, y la cacería de la estación estuvo a cargo de manera directa por el Comisario Inspector Alfredo Luis Franchiotti (activo en la masacre de la recuperación del cuartel militar de La Tablada), quien obedeció a la “orden de matar” procedente del Comisario Mayor Félix Osvaldo Vega. Luego de disparar sobre Darío y Maxi, Franchiotti difundió la versión –acordada antes y abalada luego por todo el gobierno- de que los piqueteros se habían “matado entre ellos”. A dos décadas de lo sucedido aún no se ha determinado la responsabilidad política (ni por el lado de la SIDE, ni por el lado de las autoridades políticas de la bonaerense) de los asesinatos.
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Fusilamientos. Muerte en primera persona. En un libro de reciente aparición, Fusilamientos. Muerte en primera persona (Colihue, 2022), Horacio González estudia la historia argentina a partir de sus escenas de fusilamiento. Este tipo de asesinato protocolizado, con su fuerte ritualidad teatral y su variable entretejido jurídico, supone un tipo de justificación moral que los estados y revoluciones esgrimen, porque el uso protocolizado de las armas ocurre según las circunstancias, para preservar o bien para fundar un determinado orden. De modo que la escena del fusilamiento se compone al menos de tres aspectos: la ceremonia fuertemente pautada (autoridad que da la orden, distancia entre pelotón y fusilado, que resulta inmovilizado), un último momento insondable de quien va a perder la vida, y una descripción o representación visual (que según los casos puede adoptar la forma de una crónica periodística, carta de motivos o una investigación) destinada a volver imaginable aquellas circunstancias otorgándole a la escena la materia para la elaboración de un juicio histórico. La serie que analiza González abarca dos siglos, desde los fusilamiento desde Liniers o de Camila O Górman y de Dorrego hasta los de la Patagonia trágica, de Trelew y del Estado Terrorista, pasando por una larga zaga en la que destacan el fusilamiento de Severino Di Giovani, el General Valle, el de los obreros peronistas ocurrido en el célebre basural de José León Suarez, el de los militantes del EGP al mando de Masetti y del del General Aramburu. Una primer constatación que surge de esta larga secuencia es una cierta línea de degradación de las practicas ritualizadas del asesinato estatal. En 1931, Roberto Arlt es invitado a asistir al fusilamiento del anarquista expropiador Severino di Giovanni. Narra el momento de su muerte del siguiente modo:
“— Pelotón, firme. Apunten.
La voz del reo estalla metálica, vibrante:
— ¡Viva la anarquía!
— ¡Fuego!”[4]
Veinticinco años después, para reconstruir los fusilamientos policiales ocurridos de modo extrajudicial a obreros peronistas acusados de conspirar con el levantamiento del general Valle en los basurales José León Suárez Rodolfo Walsh debe realizar una ardua investigación –Operación Masacre– en la que no sólo demuestra que los disparos fueron efectuados minutos antes de la sanción de la ley marcial, sino que el escritor que quisiera comprender la compleja relación entre ley y verdad debería cruzar todo tipo de fronteras.
En la misma línea dos décadas después Walsh completará esta reflexión con su “Carta abierta de un escritor a las Juntas militares”. Corría el año 1977 el célebre periodista y militante de Montoneros recorría armado la ciudad para difundir el carácter definitivamente clandestino de la acción represiva al servicio de inconfesables intereses económicos. La relación entre asesinato y clandestinidad llegó a instituirse como rasgo característico del estado. Una historia recientemente difundida ofrece una explicación sugerente al respecto. Según el autor que recogió las confesiones de Jorge Rafael Videla –Disposición Final-, cierta vez el jefe de las juntas militares le ofreció la jefatura de la Policía Federal al General Juan Antonio Buasso quien puso como condición para aceptar el cargo que la política represiva se ejerciera a través de fusilamientos. La respuesta del entonces presidente habría sido la siguiente: “Ya nos dijo Martínez de Hoz que, si hacemos lo que hizo Chile, nos van a cortar todos los créditos”. Su ministro de economía desalentaba el método de los fusilamientos en beneficio del acceso a créditos internacionales. El vínculo estrecho y clandestino entre el método de la desaparición de personas y el del endeudamiento extremo que aprendimos a pensar con Walsh jamás había sido establecida con tanta claridad por sus perpetradoras. En su Carta Walsh se refiere a la cualidad “metafísica” de la tortura, y González repara en la expresión. Metafísico sería el hecho de que persiguiendo obtener información, el torturador se vería llevado a intentar destruir aquella “substancia” resistente, convirtiéndose así el torturador en algo peor que un cruel operador de información actuando en oscuros sótanos clandestinos, en un ser envuelto en una indignidad fundamental que hace juego con la ontología misma del sistema de las finanzas con el que hace juego.
En el origen de este libro sobre fusilados hay un episodio que viene a cuento: durante la campaña electoral de 2019 González realizó declaraciones públicas sobre la conveniencia de dar curso a una historiografía comprensiva de la lucha armada durante la década del setenta. Por esas palabras el autor de Restos pampeanos fue literalmente lapidado por el complejo mediático y político que regula los límites de lo decible en el plano de lo colectivo. La lapidación mediática -complementaria o sustituta del fusilamiento- responde a la estructura de justicia comunicacional que decide de antemano aquello sobre lo que se puede y no se puede pensar verbalmente. Allí donde el gobierno de los Kirchner derogaba la figura del fusilamiento de los códigos militares, subsistían estilos de lapidación mediática y del gatillo fácil y la patota para-policial[5], que consagraba la separación -y al mismo tiempo la relación- entre ajusticiamiento extrajudicial, provocando en González la dramatización del lapidado que habla, o que realiza ejercicios de comprensión en un contexto de lapidación.
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¿Quién Mató a Mariano Ferreyra?. Mariano Ferreyra, joven de 23 años, militante universitario del Partido Obrero, fue asesinado el 20 de octubre de 2010 por una patota que actuaba bajo el mando de la conducción del sindicato Unión Ferroviaria. Estaba apoyando una lucha de los tercerizados que reclamaban sus derechos como trabajadores ferroviarios. Una sentencia histórica condenó al secretario general de los ferroviarios, José Pedraza, a quince años de prisión por el asesinato. La condena cayó también sobre todos dirigentes gremiales, funcionarios policiales que liberaron la zona y barras que formaron parte de la patota agresora. Pedraza, de antigua trayectoria combativa, formaba parte ya hacía muchos años del sindicalismo empresarial y tenía intereses económicos directos en la contratación de los tercerizados, cobrando subsidios estatales en acuerdo con las empresas que manejaban las líneas férreas. La sentencia determinó la responsabilidad de la cúpula del sindicato en el asesinato de Ferreyra tanto en la formación de la patota agresoras, como en la coordinación con las fuerzas policiales. Por su parte. Favale, el asesino, era barra del club Defensa y Justicia de Florencio Varela y mantenía fuertes vínculos con el peronismo de esa localidad.
El papel de los grandes sindicatos en la tercerización laboral a partir de los años ‘90 es narrada como trasfondo necesario del crimen por Diego Rojas en su libro Quién mató a Mariano Ferreyra (Ed. Norma, Bs-As 2011). Este libro -un dialogo explicito con Quien mató a Rosendo de Walsh- presta especial atención al protagonismo del Estado en los procesos de neoliberalización de las relaciones de trabajo, en el sostenimiento de la tercerización (implícita, para el caso ferroviario, en la formación de la UGOTE, en tiempos de Néstor Kirchner) y en las relaciones entre el peronismo y las bandas y patotas que forman parte de las estrategias habituales para el disciplinamiento de toda oposición gremial de los grandes sindicatos. Investigando el crimen de Mariano Ferreyra, Rojas va develando una trama de relaciones que liga a Favale con el dirigente kirchnerista de Varela, Carlos Kunkel, y el intendente Julio Pereyra, y a Pedraza con Jaime (secretario de transporte) y el ministro de trabajo del gobierno kirchnerista Carlos Tomada. De hecho, afirma el autor de esta completa investigación, la llegada del kirchnerismo no había cambiado prácticamente en nada la forma de hacer sindicalismo y negocios en un gremio como la Unión Ferroviaria.
En el libro La tercerización laboral, una investigación realizada por equipos del Cels y de Flacso bajo coordinación de Victoria Basualdo y Diego Morales[6] se reflexiona sobre la tercerización como parte central de la estrategia neoliberal de quebrar la homogeneidad de la fuerza de trabajo flexibilizando tareas, precarizando los modos de contratación y las condiciones laborales y segmentando la capacidad de lucha colectiva, estrategia claramente favorable a la patronal y apoyada por los grandes gremios peronistas durante el gobierno de Menem. Basualdo y Morales reproducen el razonamiento que la 
sentencia establece respecto de los móviles del asesinato. Entre los móviles políticos del asesinato se encuentra el mecanismo de acuerdo entre la Ugofe (entidad que coordinaba a las empresas a cargo de la gestión de las líneas férreas) y el gremio para que este último conserve el control de los trabajadores que pasan a planta permanente, de modo de evitar la formación de listas opositoras. Entre las consideraciones económicas, la principal es la participación directa de la UF en el negocio de la tercerización (trabajadores fuera de convenio con salarios que llegan a ser hasta del 50% más bajo por tareas conveniadas) a través de la formación de la Cooperativa Trabajo Unión del Mercosur, que aportaba trabajadores tercerizados y cobraba un porcentaje por el gerenciamiento del suculento, que la secretaría de transporte otorgaba a UGOFE de acuerdo al crecimiento del empleo tercerizado.
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Volvamos al libro sobre Darío Santillán y a la frase con que Hendler, Pacheco y Rey dan comienzo a su libro: “Resulta paradójico que alguien que honró la vida como pocos sea conocido sólo por su muerte”. La paradoja se extiende a toda una generación que los autores denominan “militantes de los suburbios”.
Puesta la lente sobre el biografiado se alcanza a percibir con asombrosa precisión la extendida erupción micropolítica de aquel conurbano arrumbado: la construcción del barrio Don Orione “y su intensa vida social y comunitaria mezclada con militancia territorial”; un abuelo “indio” narrador de historias evitistas sobre “obreros y empleadas domésticas” y de cómo “el peronismo les había cambiado la vida” (historias que luego habrían de contrastar de lleno con el peronismo menemista en el poder durante los noventas); los intercambios de libros con Andrea -su profesora de literatura- y Pedro -profe de historia-, el apegado vínculo con su padre[7], la omnipresencia de la figura del Che Guevara, las agrupaciones militantes juveniles y la creación de los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) como parte del movimiento piquetero en torno a la llamada crisis de 2001. Un derrotero singular, que llega a dar perfecta cuenta de un amplio proceso colectivo. El punto de vista adoptado por Darío Santillán. El militante que puso el cuerpo, es el de la formación del militante, contada a través del grupo de pares y de sus lecturas, pero también del acontecimiento fundamental que es el protagonismo que adopta un cierto territorio, inesperadamente caliente y vivo: la movilización ocurrida en el epicentro del conurbano sur, las asambleas barriales de personas sin empleo, la confrontación con el Estado y con las principales fuerzas políticas -la Alianza y el peronismo duhaldista- y la creación de la Coordinadora Aníbal Verón. El militante como intento prolongar lo que en el territorio comienza adoptar existencia autónoma.
Los relatos finales sobre la masacre de Avellaneda pesan sobre el lector, que tiene que vérselas con la oscuridad regresiva de aquel junio de 2002. Durante la escena de reconocimiento de los cuerpos de Darío y Maxi, Vicky, una experimentada militante de un MTD, se dedica a sacar fotografías de las heridas y le pasa el rollo a la médica, que a su vez se lo alcanzó a la Liga por los Derechos del Hombre: “era como si la argentina hubiera retrocedido un cuarto de siglo ese día”. Mientras tanto los gobiernos de la Nación (el presidente Eduardo Duhalde y su ministro de seguridad Juan José Álvarez), y de la Provincia de Buenos Aires (gobernador Felipe Solá y su responsable de seguridad Luis Genoud) repetían lo que la mayoría de los grandes medios: que los “piqueteros se habían matado entre ellos”. Hasta que otras fotos, como las de Pepe Mateos, publicitaron el registro visual contundente. Pocas veces hasta ese momento se había contado con imágenes de semejante nitidez en un caso penal de este tipo.
Durante el juicio se comprobó que Franchiotti y Acosta habían actuado de modo coordinado y los jueces llegaron a emplear la figura del “pelotón de fusilamiento” para adjudicar responsabilidades. Franchiotti declaro: “a mí se me utilizó”. Los autores del libro suponen que esa “utilización” puede tener conexión con una declaración del cabo Acosta según la cual la mañana del 26 en la reunión de los jefes policiales se hizo presente un agente de la Side que habría brindado argumentos en favor de la represión. Acosta mismo vincula esa presencia con el posterior “fusilamiento”. Preguntado sobre si el gobierno evaluaba el peligro de “una revolución”, el entonces jefe de la Side, Carlos Soria (que venía advirtiendo sobre una supuesta infiltración de las Farc colombianas entre los piqueteros argentinos) respondió lo siguiente: “Siempre en los últimos años estuvimos en ese riesgo”. Se entiende entonces en qué sentido el alcance de la paradoja planteada por los autores sigue siendo actual de nuestro tiempo. Y es que el más prematuro signo de contrapoder en formación, combinado con el ritmo vertiginoso que puede adoptar la crisis, despierta para unos el deseo y para otros el fantasma del doble poder[8]. Deseo y fantasma son los términos últimos, contradictorios y coexistentes, de la paradoja en cuestión: al mismo tiempo que se activa una dinámica popular autónoma de lucha se pone en marcha el mecanismo de la sanción ejemplar que pesa sobre la rebelión social. En los términos descriptos por el filósofo León Rozitchner, se puede decir que cualquier esbozo de contrapoder popular será tarde o temprano confrontado con la angustiante cuestión de la amenaza de muerte, verdad última del sistema de poder sobre el que descansa la política existente[9]. De allí el coraje de plantear la paradoja, como un paso importante quizás en la comprensión del contrapoder como un movimiento destinado a desactivar de la violencia del sistema. Porque allí donde se nos muestra al militante con el sello de la muerte violenta sobre su frente, se nos confirma la distancia aterrada que nos distancia de toda participación de la fuerza colectiva diferente.
Con un pensamiento de esta índole -dedicado a los «soldados desertores» del ejército argentino del siglo XIX- culmina el último libro de González sobre los fusilamientos: el fantasma de los mandos militares era el acto de deserción de las tropas reclutadas en las levas del campo. El dilema del desertor era el fusilamiento o la huida hacia la frontera. Más que de cobardía, movía a aquellos hombres el deseo de explorar qué es lo que había «del otro lado de la vida militar». ¿Qué sería -se pregunta con ellos González- esa «vida agreste soñada por la curiosidad”? Es que a tanto a nivel individual como colectivo, lo que se pone en juego es la capacidad de convertir la amenaza de muerte que paraliza en capacidad de desactivar el funcionamiento de los engranajes de ese poder de asesinar. La acción de los excluidos por estudiar y destruir los mecanismos de la exclusión es una escena conmovedora que permite concebir la contra-violencia como principio de acción radicalmente heterogénea a las de los asesinos, y como parte de un plan de desactivación la violencia destructiva que anida en la llamada “política democrática”, porque bajo ese nombre administran el terror regulado de la amenaza de muerte, siempre inminente y encubierta bajo la lengua de estudios de mercado y de lo políticamente correcto.
Diego Sztulwark
Junio 2022
[1] La sonoridad del nombre de aquella localidad perteneciente al municipio bonaerense de Presidente Perón es difícil de olvidar. No sólo porque así se llamaba el pueblo español cuya población civil sufrió un ataque aéreo realizado durante de la guerra civil española, sino por el mucho más próximo desalojo a familias que habían ocupados tierras para vivir en plena pandemia. El entonces jefe político del municipio ubicado en el segundo cordón industrial, Oscar Rodríguez, provenía de la derecha peronista y aquel 26 de junio estaba a cargo de la vicejefatura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side).
[2] Por “estado terrorista” entiende Eduardo Luis Duhalde un modelo particular de institución estatal que otorga “carácter permanente y oculto” a “las formas más aberrantes de la actividad represiva ilegal”. No se trata por tanto de una presentación más del estado de excepción, sino una forma nueva (cuya estructura clandestina es casi tan importante como la pública y que acude al terror como método) que contradice “las bases fundamentales del Estado democrático burgués”. La emergencia histórica del terrorismo de estado como forma política se explica, para Duhalde, cuando el estado tradicional se muestra “incapaz de defender el orden social capitalista y contrarrestar con la eficacia necesaria la contestación social”. Ver: Eduardo Luis Duhalde, El estado terrorista argentino, Ediciones El Caballito, Buenos Aires, 1983.
[3] Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, Darío y Maxi dignidad piquetera, el gobierno de Duhalde y la planificación criminal de la masacre del 26 de junio en Avellaneda, ediciones 26 de junio, Bs-As, junio 2003.
[4] “Resplandor subitáneo. Un cuerpo recio se ha convertido en una doblada lámina de papel. Las balas rompen la soga. El cuerpo cae de cabeza y queda en el pasto verde con las manos tocando las rodillas. Fogonazo del tiro de gracia. Las balas han escrito la última palabra en el cuerpo del reo. El rostro permanece sereno. Pálido. Los ojos entreabiertos. Un herrero martillea a los pies del cadáver. Quita los remaches del grillete y de la barra de hierro. Un médico lo observa. Certifica que el condenado ha muerto. Un señor, que ha venido de frac y con zapatos de baile, se retira con la galera en la coronilla. Parece que saliera del cabaret. Otro dice una mala palabra.
Veo cuatro muchachos pálidos como muertos y desfigurados que se muerden los labios; son: Gauna, de La Razón, Álvarez, de Última Hora, Enrique González Tuñón, de Crítica y Gómez de El Mundo. Yo estoy como borracho. Pienso en los que se reían. Pienso que a la entrada de la Penitenciaría debería ponerse un cartel que rezara:
— Está prohibido reírse.
— Está prohibido concurrir con zapatos de baile”.
[5]Durante el período democrático la práctica del fusilamiento extrajudicial subsistió sostenida en la lapidación mediática. Bajo el amparo de la manipulación informativa masiva, durante la represión militar que siguió al asalto por parte de miembros de Movimiento Todos por la Patria al cuartel de La Tablada, durante enero de 1989, el ejército practicó la tortura, la desaparición y la ejecución clandestinas a militantes allí detenidos. Así lo denuncian tanto Juan Salinas y Julio Villalonga -autores de Gorriarán. La Tablada y las “guerras de inteligencia en América Latina (Buenos Aires, 1993), como Felipe Celesia y Pablo Waisberg -autores de La Tablada. Vencer o morir. La última batalla de la guerrilla argentina (Buenos Aires, 2013). De otra manera, porque los asesinados ya no eran militantes políticos organizados actuando contra instituciones represivas del estado, sino migrantes buscando vivienda, a comienzos de diciembre de 2010 la multitudinaria toma del Parque Indoamericano -situado al sur de la ciudad de Buenos Aires- dio lugar a una brutal casería policiales con un saldo de tres personas asesinadas. La violencia institucional, estimulada por parte el entonces jefe de gobierno de la ciudad -Mauricio Macri- y por una amplia cobertura mediática racista responde a un contexto y una política que fue registrada por el Taller hacer ciudad: Vecinocracia. (Re)tomando la ciudad, (Buenos Aires, 2011). El 1 de agosto de 2017 en un un ingreso ilegal de gendarmería a la comunidad de Resistencia Cushamen fue desaparecido Santiago Maldonado. En palabras de Soraya Maicoño, werken de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, “ Santiago Maldonado estaba ahí para pedir la libertad del Lonko Facundo Jones Huala que había sido detenido ilegalmente, hacía un mes, sometido a un segundo juicio de extradición”. Durante meses enteros el Gobierno del entonces presidente Macri y los grandes medios se ocuparon de desinformar sobre su posible paradero. Soraya cuenta que fue entonces que la desaparición de Santiago se convirtió en una causa mapuche, sin ser Santiago mapuche, ya que la lucha por su aparición con vida visibilizó “la situación que estamos viviendo como pueblo, porque situaciones de desaparición y de muertes de hermanos mapuches venimos sufriendo constantemente” en un contexto de violentos conflictos en torno a intereses inmobiliarios en sus territorios” https://contrahegemoniaweb.com.ar/2018/08/01/reflexiones-entre-soraya-maicono-neka-jara-y-maura-brighenti/ El cuerpo sin vida de Maldonado apareció unos pocos días antes de las elecciones parlamentarias de ese año. La explicación oficial consistió en afirmar que la causa del fallecimiento de Maldonado, ahogado en un río, carecía de relación con la dinámica represiva de Gendarmería en un contexto de conflicto social por la tierra mientras que la entonces ministra de seguridad (y actual candidata a presidente) Bullrich sostuvo que conectar la muerte de Santiago con el operativo de Gendarmería es “engañar a la sociedad”. Desde el Cels, en cambio, se concluyó que “escindir un operativo de seguridad, que en este caso implicó la ocupación de un territorio, de las consecuencias que pueda tener para la integridad y la vida de las personas es un antecedente grave que legitima ese tipo de intervención estatal en los conflictos. El Estado tiene la obligación de investigar exhaustivamente todas las hipótesis que puedan haber conducido a la muerte de Santiago en el marco de una represión. Sin embargo, desde agosto de 2017 su principal ocupación es desligarse de su obligación de hacerlo y atacar a las víctimas” https://www.cels.org.ar/web/2018/11/sobre-el-cierre-de-la-investigacion-de-la-muerte-de-santiago-maldonado/. Para una contra-narración constituida desde los propios territorios en los que se realizaron algunos de los fusilamientos más recientes como el de Rafael Nahuel, activista mapuche asesinado por la espalda el 25 de noviembre de 2017 por las fuerzas represivas del Estado y de Juan Pablo Kukoc, joven de 18 años que acababa de robar una cámara de foros, a manos del policía Luis Chocobar (realzado como héreo y ejemplo doctrinario por parte del gobierno de Macri y de los grandes medios de comunicación) en diciembre del 2017,resulta particularmente valioso el trabajo realizado por Daniel Zelco cuyo proyecto “Reunión” ha recogido una conversación con Lof Lafken Winkul Mapu de 2019, o el testimonio de su madre Ivone Kukoc en Juan Pablo por Ivonne, El contra-relato de la doctrina Chocobar. En todos los casos Zelco transcribe testimonios y los arropa con voces aliadas para producir sentidos resistentes en medio del horror.
[6] Victoria Basualdo y Diego Morales coordinadores, La tercerización laboral, orígenes, impacto y claves para su análisis en América Latina; Ed. SXXI, Bs-As, 2014
[7] Las palabras finales del libro pertenecen a Alberto Santillán. Allí, el padre de Darío escribe la siguiente frase: “Esa fusión que existe entre padre e hijo en una causa nos hace amarnos más todavía”. Es difícil dejar pasar la asociación de esta “fusión”, con aquellas líneas que el filósofo Spinoza escribía a su amigo Peter Ballig que acababa de perder a su hijo: “un padre ama tanto a su hijo que él y su querido hijo son casi una y la misma cosa” al punto que “el padre, por la unión que hay entre él y su hijo, es parte de este último”. Santillán afirma: “Darío estaba en el camino que todos teníamos que haber estado”.
[8] A partir del estudio de la revolución francesa y rusa Alejandro Horowicz afirma que la emergencia de un doble poder ocurre con la emergencia en plena crisis de una clase que aspira a formar mayorías y a conquistar los medios para consolidarla. El doble poder supone por tanto la alteración de la “gramática histórica” e introduce una tensión temporal que sólo se resuelve favorablemente si la clase que ha generado la autoridad para convocar una mayoría de nuevo tipo resulta capaz de consolidarla y de traducirla en términos de poder efectivo. Ver al respecto Alejandro Horowicz, El huracán rojo, de Francia a Rusia 1789/1917, Crítica, Buenos Aires, 2018. La lectura del libro Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo, permite hipotetizar que el razonamiento represivo último descansaba en un sentimiento de temor y desafío de que la rebelión piquetera ganara prestigio (autoridad) y grados de organización (consolidación de poder).
[9] Para la segunda conmemoración de la masacre de Avellaneda el nuevo presidente recibió en la Casa Rosada a los compañeros de Darío y Maxi con palabras que uno de ellos recuerda así: “Ustedes son los compañeros de Santillán. Vi un video donde habla el muchacho ese: un militante muy formado, un cuadro, terrible lo que sucedió”. El video en cuestión mostraba a Darío Santillán en un piquete durante febrero de 2002. Según cuentan los autores del libro, los militantes piqueteros salieron satisfechos de aquella reunión por haber sido recibidos “como interlocutores legítimos del problema social”. ¿De qué índole fue el interés de Kirchner por Santillán y sus compañerxs? Maquiavelo sugería al príncipe nuevo “aprender a no ser bueno”, porque aquel que solo busca ser amado carece de otros recursos indispensables para conservar el poder ante la inevitable mutación de los tiempos: el saber político incluye el de la apariencia. ¿Se trataba, entonces, de una teatralización o bien de una humana conmoción ante aquella tragedia que se sumaba a la serie del horror nacional? Tal distinción no es asunto simple, porque la dimensión teatral del político se funda en la distancia interior que el actor es capaz de establecer con respecto a las pasiones que comunica. Sin embargo, una semana después del asesinato de Mariano Ferreyra fallecía Néstor Kirchner y su hijo Máximo declaraba fuera de todo cálculo de apariencia que «la bala que mató a Mariano Ferreyra rozó el corazón de mi padre». En torno a la naturaleza de esta relación entre Néstor Kirchner y el movimiento social se preguntaba Rozitchner en el año 2009 “¿cómo Kirchner que tuvo el coraje de desfundar el fundamento homicida del estado, ese que está en la base de la castración de los partidos políticos vencidos, sin embargo se reduce luego a desenvolver su proyecto dentro de ese mismo espacio político que el terror había limitado? ¿Era solo dramatización teatral de la tragedia argentina, que se agotó en la representación política?”. La pregunta de Rozitchner es metodológica y apunta a extraer consecuencias activas de aquel histórico “proceda” con el cual el entonces presidente Kirchner ordenaba -allá por mayo de 2004- al jefe del ejército descolgar los cuadros de los generales dictadores Videla y Bignone del Colegio Militar. Si aquel acto suponía enfrentar el terror como fundamento del poder deslindando la relación de complicidad entre el político y el militar asesino presente en buena parte de la historia del país, su “consecuencia necesaria” era, para Rozitchner, una profundización de esa gestualidad de cara a “la permanencia del terror por otro medios, sobre todo en la economía y los medios de comunicación”. El modo de preguntar de Rozitchner, “¿no era esa la consecuencia necesaria de su primer acto político?”, capta las ambivalencias y límites a atravesar de cualquier política que se proponga profundizar en y desde democracia afrontando obstáculos que lo político no siempre se atreve a plantear. Ver en León Rozitchner “Cuando el pueblo no lucha la filosofía no piensa”, entrevista a León Rozitchner en Colectivo Situaciones, Conversaciones en el impasse, dímelas políticos del presente, Tinta Limón Ediciones, Buenos Aires 2009.
[…] militante del MTD de Guernica que fue asesinado minutos antes de Santillán en la misma estación[1]. Es altamente probable, sin embargo, que una investigación equivalente son la vida de Maxi […]