El gobierno de las finanzas ejecuta un plan viejo y conocido: la re edición del ajuste neoliberal acumula de un lado lo que succiona del otro. El vertiginoso incremento de la deuda externa junto a la eliminación de los aranceles a los sectores exportadores de commodities deriva en un Estado con baja capacidad de recaudación y con fuertes compromisos externos. ¿Quiénes pagan la fiesta de la fuga de divisas -endeudamiento mediante-?
Achicar ahí donde duele es el plan: lo público como blanco de rapiña su correlato. El desfinanciamiento que padecen, por caso las universidades públicas nacionales, no es solo un efecto del ajuste es también una apuesta a su desprestigio.
El neoliberalismo constituye una sofisticada lógica de acumulación por desposesión así como, parafraseando a Diego Sztulwark, un dispositivo de enorme astucia en materia de subjetivación política. Materialidad y Cultura no son referencias opuestas ni excluyentes sino más bien dimensiones complementarias, en el límite entrelazadas. De allí que solo analíticamente sea posible desligar el empeño del gobierno triunfante en el año 2015 en la Argentina en torno a bajar el costo laboral –eufemismo para no explicitar la franca y delibera intención de reducir/empeorar la calidad de vida de los trabajadores- de una activa discursividad (en lo absoluto ingenua) sobre los excesos de placer del que otrora gozaban sectores sociales a los que naturalmente la existencia les depara modestia, sacrificio y privaciones.
La transferencia de recursos desde los sectores trabajadores y pequeños y medianos empresarios hacia los sectores más concentrados que el gobierno del empresario Mauricio Macri ha llevado adelante en estos más de dos años de gestión expresa de modo singular y categórico la preferencia y adscripción ideológica de aquello con lo que -en un clásico de la ciencia política- Nolberto Bobbio dio en nominar: “derecha”. Esto es, aquellas fuerzas políticas que abiertamente tienen una preferencia por la desigualdad, más aun, por su profundización.
En otros términos la fijación del libre mercado (otro eufemismo para ocultar la injerencia directa de los monopolios en la distribución de la riqueza) como ordenador social, al tiempo que se materializó en un abanico de políticas que beneficiaron los menos en detrimento de los más (vis a vis: baja de las retenciones al agro y a la mega minería, quita de subsidios a los servicios públicos/aumento de tarifas, reducción de las cargas impositivas a los bienes personales, recorte a jubilados y AUH…) se expresa también en una búsqueda de largo alcance tendiente a la consecución de una intersubjetividad anclada en el individualismo y el culto al mérito en contraste con lo colectivo – el emprendedurismo versus el cooperativismo – lo privado frente a lo público.
Sin embargo, y atentos a reconocer la complejidad de la lógica neoliberal, conviene no apresurarnos a una mirada ligera -sin perjuicio de ser bien intencionada- de las expresiones que aquí y en otras latitudes llevan adelante el ensueño globalizante (si de eufemismos se trata éste tal vez sea el más hábil en suavizar y distraer respecto a la incesante búsqueda de acumulación por parte de los capitalistas: hegemonía planetaria del valor de cambio del capital). De allí que recuperar a Foucault para pensar los procesos (conflictivos) en curso sea harto estratégico. Es que el neoliberalismo constituye antes bien una “racionalidad política” caracterizada por una búsqueda insistente y permanente de control y sujeción en la que los sujetos son partes activas de la reproducción de los modos, formas y contenidos en los que se desenvuelve el quehacer social y el ejercicio del poder en la cotidianeidad de nuestras vidas. En otros términos la racionalidad neoliberal inaugura una nueva forma de gubernamentalidad toda vez que, parafraseando a Carlos Gonzales, apunta a la conducción de los hombres o gobierno de los hombres, ya no desde la interpretación externa de la ley sino de la legalidad inmanente a la sociedad civil.
Solo de esta forma se puede divisar el fenómeno en toda su dimensión y comprender sus mutaciones, estrategias y su constitución ontológica que nos acerque a una definición del neoliberalismo actual en sentido amplio; esto es, como un conjunto de discursos, saberes, normativas y prácticas basadas en el modelo empresarial. Dicho modelo se caracteriza, según lo anunciábamos, por buscar expandir de forma totalizante elementos propios de la empresa (competencia, la meritocracia, emprendedurismo, mercantilización de las cosas y los vínculos, eficiencia, rentabilidad, costos, etc.) en un doble sentido: buscando que se imponga a escala global y expandiendo a los mismos más allá del ámbito económico. Ahora bien, resulta necesario destacar que el neoliberalismo a diferencia del liberalismo clásico que contemplaba en toda intervención del Estado una alteración al funcionamiento natural del mercado, promueve un “intervencionismo estatal permanente” (a través políticas públicas, promoviendo leyes, imponiendo decretos, cooptando un sector de la justicia, los medios de comunicación y los sindicatos, utilizando el poder represivo de las fuerzas de seguridad, construyendo subjetividad, etc.), no para corregir las desigualdades que el propio mercado provoca, sino más bien para allanar el terreno a la lógica empresarial en su afán de imponerse en el amplio abanico de las relaciones sociales, he allí su mayor fortaleza.
En efecto si ahondamos en las mediadas de gobierno que se vienen implementando en la Argentina desde la asunción de Mauricio Macri y, más específicamente en su política educativa, advertiremos ésta clara línea de acción. Un primer ejemplo es la institucionalización de los métodos de evaluación, cuya génesis es el medio empresarial, en la educación primaria y secundaria. Prueba de esto fue la puesta en marcha del “Plan Aprender” en octubre de 2016, que consiste en una evaluación estandarizada a nivel nacional en los ámbitos primarios y secundarios de la educación pública y privada, donde hay una clara tendencia de reducir la educación a un número que toma como parámetro del aprendizaje solo el rendimiento académico, descontextualizando así las particularidades de los espacios de aprendizajes y siguiendo la misma matriz metodológica que el Programa internacional de Evaluación de Estudiantes( PISA) elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OSDE). A su vez, la reforma educativa presentada como “Plan Maestro” por el Ejecutivo Nacional toma como referencia el documento elaborado en 2015 por economistas del Banco Mundial que llevo por título “Profesores excelentes. Como mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe”. El mismo se presenta como un plan para aumentar los resultados del aprendizaje en los estudiantes y reducir el ausentismo docente, pero bajo una serie de engañifas da curso a un proceso de flexibilización, precarización y despidos del personal educativo. Afirmando, básicamente, que diferentes investigaciones concluirían que promoviendo la participación de los padres -vistos estos como meros clientes- y diferentes sectores de la sociedad (ONG, empresas, etc.) en temas vinculados con la contratación y el despido docente, se reduciría el ausentismo y aumentaría el rendimiento del aprendizaje de los estudiantes. Como destaca el informe de CTERA “El Plan Maestro del Ministro de Educación y Deportes”, se pone énfasis en la articulación educación-trabajo, pero se parte de la mirada solo desde el empleo y con foco en las demandas de las empresas, revelando uno de los principios básicos de lo que hoy se conoce como “Nueva Gestión Pública”. Es decir, la educación pública es vista ya no como un espacio de construcción de valores, ciudadanía democrática, expresiones artísticas y espíritu crítico, sino solamente como un mero proveedor de un “capital humano” disciplinado para el mercado laboral.
A su vez, el gobierno del presidente Macri desde el inicio de su gestión, promovió una “descentralización” de programas socioeducativos como el Programa de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FINES), Conectar Igualdad, Centro de Actividades Juveniles e infantiles (CAJ y CAI) y Coros y Orquestas que pasaron a depender de las administraciones provinciales. De esta forma, como ocurrió en los 90 con la descentralización con las instituciones educativas, se produce una desfinanciación de hecho donde el Estado nacional se desliga de responsabilidades y tales programas pasan a depender de la financiación que puedan destinar los gobiernos locales. Tal situación genera, por un lado, gran incertidumbre en miles de trabajadores de la educación que se desempeñan en dichas áreas y, por otro lado, afecta a niños, jóvenes y adultos que eran beneficiarios de dichos Programas en todo el territorio nacional.
En otro ejemplo de esta lógica empresarial llevada al ámbito de la educación, que por cierto se complementa con una campaña de desprestigio sistemática a las instituciones educativas estatales y el trabajo docente, se puede mencionar la decisión tomada por la Gobernadora María Eugenia Vidal la cual ordenó el cierre de 49 escuelas rurales en la jurisdicción bonaerense donde concurren niños de los sectores más postergados de la zona, utilizando como argumento que dichas escuelas cuentan con un numero de vacantes muy inferior a las de la zona urbana. En esta medida se evidencia; por una parte, la implementación del plan de ajuste que se viene llevando a cabo en todos los ámbitos de responsabilidad estatal y; por otra parte, el desinterés por la función social que dichos establecimientos cumplen en el día a día de las comunidades donde funcionan (son el centro de encuentro de los lugareños, se realizan tareas sociocomunitarias entre la escuela y los vecinos, los padres se acercan a realizar talleres y en muchos casos se utilizan las lanchas escolares para trasladar a los miembros de la comunidad a la zona urbana) que no hace más que profundizar el aislamiento de los habitantes de la zona, romper los lazos sociales y violentar el derecho al trabajo y a la educación que el Estado debe garantizar y proteger.
Párrafo aparte lo simboliza la decisión unilateral del gobierno nacional de eliminar las paritarias nacionales en el sector docente. Tal medida prefigura un escenario de jerarquización en las provincias distinguiendo, en una clara apuesta por la profundización de la desigualdad, escuelas con presupuestos salariales de primera y segunda según la capacidad presupuestaria de los gobiernos provinciales.
Por último, otro punto a destacar es el desfinanciamiento que vienen sufriendo las universidades, principalmente aquellas que mantienen una posición crítica al Gobierno Nacional siendo chantajeadas a través de la reducción o el retraso de las partidas presupuestarias asignadas que afectan su capacidad de funcionamiento diario. Así mismo, vale destacar la caída real a nivel presupuestario en todo lo que atañe a ciencia y técnica, esta área pasó de ocupar el 1.52% del total del presupuesto nacional en 2015 al 1.22% en 2018. Como lo advierten los integrantes del grupo de Ciencia y Técnica Argentina, este no es un hecho sorprendente sino una medida coherente con una política que promueve la desindustrialización y reprimarización de la economía argentina.
Estos ejemplos, por más fuertes y desdeñables que así puedan parecer a los ojos de incluso aquello dado en llamar el sentido común (que es y seguirá siendo la expresión más sutil y perfecta del ejercicio hegemónico de las clases dominantes) –por caso el cierre de escuelas o centros de actividades juveniles- sin embargo no deben concebirse como expresiones torpes y groseras de la clase dominante (hoy en los máximos cargos de gobierno) en su afán de saciar su avaricia y ambición insaciable. Tal lectura simplista supondría negar/desconocer la existencia de un plan político, económico y cultural (la búsqueda de implantar un orden societal para decirlo en clave de Ansaldi y Giordano) que al menos en la Argentina se remonta a 1955, es decir, estamos frente a una programática pensada y trabajada durante décadas por parte de los intelectuales orgánicos a los poderes fácticos locales y globales.
Explicitar tal precaución a la hora del análisis político respecto al gobierno de las finanzas y su política en materia de educación y, en general, en la pluralidad de ámbitos que hacen a la gestión estatal reviste, para quienes compartimos estas reflexiones, una importancia crucial de cara a la praxis de los proyectos contrahegemónicos o, si que quiere, de aquellxs cuyo ejercicio político se dirige a la consecución de otro orden, aquel en el que primen en sentido fuerte igualdad y libertad.
Sin pretender agotar la reflexión sobre el qué hacer de aquellxs que cuestionan los procesos de desigualdad en curso, tarea que nos excede intelectualmente y desde luego porque ello significaría desmerecer la inteligencia de todxs aquellxs que nxs movilzamxs ofreciendo puntos de resistencia en las territorialidades diversas en las que el ejercicio del poder neoliberal se ejerce; creemos oportuno sí compartir al menos una advertencia en lo que a los cuestionamientos por el desfinanciamiento sobre las universidades públicas refiere: la real caída presupuestaria que afecta el funcionamiento de las universidades en lo que atañe a la pluralidad de servicios que esta provee no debe ser cuestionada ni denunciada únicamente atendiendo a variables técnico/financieras. Pues circunscribir la crítica solo a esta dimensión nos entrampa en las preferencias del discurso neoliberal, esto es, pensar la educación y lo público como un número o, lo que es aún peor, como un costo.
De allí que la referencia inicial de materialidad y cultura, “Cultura y materialismo” en clave de Raymond Williams, nos deba instar a repensar nuestros propios discursos (incluso críticos) a los efectos de tornar voz populi que no solo vienen por el “gasto” (estamos tentados en decir que ello tal vez sea lo menos importante) sino por nuestros imaginarios, esto es: nuestros estructuras mentales de larga duración respecto a qué lugar y cómo ponderamos la educación y, en general, lo público en la cotidianeidad de nuestras vidas…
