PARTICIPAN:
Alejandro Bercovich, Leonardo Grosso, Rafael Klejzer, Jose Schulman, Horacio González, Mario Santucho, Juan Grabois, Miguel Funes,Marcelo Parrilli, Victoria Donda, Pastor Pentecostal Diego Mendieta, Padre Paco “Francisco Olveira Fuster” cura de Opción por los Pobres, Lito Borello, Jorge Rivas, La Garganta Poderosa, Confluencia La dignidad-Katari-OPSA, Madres de Plaza de Mayo – Linea Fundadora, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Patria Grande, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Izquierda Latinoamericana, Organización Política y Social Los Pibes, Movimiento Evita, La Cámpora Matanza, Frente Popular Dario Santillán – CN, Comisión Política de la Iglesia Dimensión de Fe, Parroquia Ntra Sra de Fátima Isla Maciel
Contacto de Prensa: 1131476180 (Franco)
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Documento de convocatoria
(la convocatoria y participación de la Comisión Investigadora de la Violencia en los Territorios continua abierta)
El arribo al gobierno de la derecha empresarial en Argentina supone un severo desafío para las organizaciones populares, y para el todas las experiencias comprometidas con la democratización social. Rápidamente ha comenzado la desarticulación del sistema de mediaciones y garantías institucionales heredados de las gestiones anteriores, que proveían un cobijo precario (pero cobijo al fin) a la multiplicidad de agrupamientos que constituyen el campo popular. En paralelo, las dinámicas de acumulación rentística que penetran los territorios e imponen nuevas cotas de violencia social, desarticulando los lazos comunitarios y la vida pública, van a profundizar su despliegue. En este contexto la represión y la coacción ya están incrementándose, pero opera según nuevas modalidades, tanto estatales como paraestatales.
La Comisión Investigadora de la Violencia en los Territorios se propone desentrañar las tramas y los actores que se articulan en función de estos negocios, incluyendo la participación y la complicidad policial, judicial y del poder ejecutivo, para contribuir con información valiosa a las causas judiciales que se libren. Al mismo tiempo, nos interesa promover la denuncia y el debate público. En este sentido, la Comisión Investigadora se constituye como un órgano colectivo, amplio y heterogéneo, con la clara intención de afirmar una perspectiva radicalmente democrática de la justicia social y los derechos humanos. El caso concreto que motiva su creación es el intento de asesinato de Darío Julián, militante del Movimiento Popular la Dignidad. Pero su aspiración es involucrarse en todos aquellos casos que podamos asumir, de acuerdo a la potencia que alcancemos. Para tal fin, la Comisión Investigadora invita a organismos de DDHH, organizaciones populares, colectivos de investigación, medios de comunicación, instituciones y personas interesadas en general, a brindar su aporte.
EL CASO
Sucedió el viernes 12 de febrero, a las nueve de la noche, mientras se desarrollaba una asamblea vecinal en la plaza del barrio. Un aspirante a sicario irrumpió a los gritos y dirigiéndose a Iki y a su compañera Ivana, les espetó: «dejense de joder con la Sociedad de Fomento y el tema de las tierras». Acto seguido disparó en el pecho de Iki a una distancia de treinta metros. Tiró a matar.
Iki es Darío Julián, nacido y criado en Villa Celina, Municipio La Matanza. El playón donde tuvo lugar el intento de asesinato es uno de los sitios más concurridos del barrio Vicente López y Planes. Queda sobre la calle Avelino Díaz, a pocas cuadras de la General Paz y Avenida Roca, muy cerca del Autódromo Oscar Alfredo Gálvez.
La crónica no se agota en el hecho policial. No fue un hecho de inseguridad. Se trata de una muestra (una más) de los grados de violencia que está adoptando la ocupación territorial del conurbano por parte de un entramado de negocios con articulaciones políticas y complicidad institucional.
MOTIVACIONES
La víctima del embate es miembro del Movimiento Popular La Dignidad. La asamblea donde recibió el balazo fue convocada para compartir asuntos relacionados con el Jardín de Infantes que el Movimiento va a inaugurar en el mes de Marzo. El motivo del ataque es un conflicto que se remonta por lo menos al 2010, en torno a un predio de 18 hectáreas que linda con el barrio y aún no ha sido urbanizado.
Allí tiene su sede la Sociedad de Fomento “Barrio Parque Modelo Presidente Vicente López y Planes”, histórica institución vecinal que desde 2012 está en manos de una banda punteril y mafiosa. Ellos son los responsables del intento de homicidio. Desde el MP La Dignidad señalan a Marcelo Rostán (vicepresidente), Pedro Carlos Alberto Villarreal (Secretario General) y Georgina Laurenziello. También al Secretario de Actas Eduardo Daniel Ysnardes, quien habría traído a “Jony” para ocuparse de la seguridad. Jony, autor material del disparo, se radicó hace dos meses en Villa Celina, procedente de La Tablada.
El primer desafío de la investigación que nos proponemos consiste en desarticular este siniestro entramado de poder local y dejar a la luz la connivencia estatal y las responsabilidades políticas que garantizan estos negociados. Para ello es preciso comprender las articulaciones con que cuenta.
GEOPOLÍTICA
En el origen está la pretención urbanizadora de las dictaduras que supimos conseguir durante el siglo XX. En 1956, con la Revolución Libertadora en el poder, se creó la Comisión Nacional de Vivienda (CNV), responsable del primer censo de villas miseria en la Capital y el Gran Buenos Aires. En conjunto con el Banco Hipotecario se construyeron varios repartos de casitas de bajo costo, para relocalizar a los habitantes de las villas. “Plan de Acción Inmediata” fue el nombre bélico de aquel primer proyecto para la “erradicación” de villas. Como parte de esta impronta se inaugura a fines de los sesenta, durante el mandaro de Lanusse, el barrio Vicento López y Planes. El Pte. Sarmiento, barrio contiguo, tiene idéntica génesis. Luego se construyeron otros asentamientos en Villa Celina: Las Achiras, 17 de Noviembre, San Vicente, etc. Diferentes Cooperativas de Vivienda tomaron a su cargo estos más recientes impulsos habilitacionales.
El predio de 18 hectáreas ubicado entre las calles Ramón Carrillo, Alfonsina Storni, Avelino Díaz y General Paz es el último terreno disponible en la zona. Sobre Carrillo, linda con FEMSA (empresa embotelladora trasnacional, a cargo de los productos de Coca-Cola y accionista importante de Heineken), que a su vez limita con el Riachuelo, a la altura de La Salada. Un lugar estratégico para el negocio inmobiliario. En algún momento, la posesión del predio pasó de manos del Banco Hipotecario al Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE). Y luego fue cedido al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).
EL OVILLO
En el IVC macrista hay que ubicar el origen de este ovillo. Desde allí sale en el año 2010 el impulso urbanizador, durante la gestión como presidente de Omar Abud, y de Daniel Garbelini como gerente general. Luego, sus sucesores Emilio Basavilbaso (Licenciado en Economía Empresarial por la Di Tella) e Ivan Kerr (Master en Derecho Empresarial por la Universidad Austral) ajustaron la iniciativa. El instrumento utilizado por estos gerentes-militantes es la Cooperativa de Vivienda Lozana LTDA, cuyo presidente Rubén Francisco Arias y su socio Francisco Bogado, se aliaron a los actuales directivos de la Sociedad de Fomento antes mencionada, para concretar el emprendimiento. Ellos fueron también los encargados, según versiones que han comenzado a manifestarse, de pre-lotear y vender con anticipación, las viviendas que se construirían en la futura edificación. Muchos de los compradores son propietarios de talleres textiles, principal actividad económica de la zona.
Un dato a tener en cuenta es la pertenencia justicialista de los integrantes de la Comisión Directiva de la Sociedad de Fomento. Lo cual no impide vínculos estrechos con un personaje como Miguel Saredi, surgido de las filas del magmático justicialismo matancero, quien hizo escala en el Frente Renovador, para luego recalar en el PRO como candidato a Intendente perdedor en las últimas elecciones. Recientemente fue nombrado como Director de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), y podría ser uno de los actores protagónicos del emprendimiento comercial en danza.
Los consensos transversales que tanto anhelan pero nunca concretan los partidos y candidatos cuando de políticas públicas se trata, sí se verifican cuando lo que está en juego son los negocios. Allí se cuece el neoliberalismo por abajo, responsable del aumento tangencial de la violencia en los territorios.
EL CONFLICTO
Durante los últimos cinco años Lozana LTDA avanzó furtivamente en el desmonte y preparación del terreno. La estrategia para no alertar a los vecinos de Vicente López fue dejar la vegetación exterior del predio. La estrategia del caracol invertida.
Al principio, sin embargo, el entonces presidente de la Sociedad de Fomento, de apellido Greco, se opuso. No era la primera vez que se intentaba lucrar con el preciado territorio. Muchos pobladores siguen exigiendo la construcción de un Polideportivo, con áreas verdes y espacios públicos, antiguo proyecto que nunca se ejecutó. Por eso, en el año 2012 los actuales directivos de la Sociedad Fomento desplazaron a Greco, garantizando así la complicidad con el negocio. Desde entonces, la SF vivió un proceso de privatización ostensible, con enrrejado perimetral y realización de eventos privados los fines de semana. Y es vox populi el lugar que ocupa la otrora insitucional vecinal en el flujo de drogas de la zona.
El conflicto sin embargo escaló cuando hace un año el barrio comenzó a inundarse de manera inédita. Darío Julián y sus compañeros de las distintas organizaciones territoriales, detectaron que el problema radicaba en las obras de manipulación del suelo que se llevaban adelante en el predio en disputa. Los canales que históricamente servían de desagote estaban completamente tapados por escombros y pedrucones. La explicitación del diferendo motivó incluso la intervención de la policía en varias oportunidades, siempre tendiente a garantizar el desarrollo de los negocios. Hace apenas unos meses, el propio Comisario amenazó al Darío: “cuando cambie el gobierno te la ponemos, gordo”. Y así fue.
LA VICTIMA
La bala, sin pedir permiso, entró por el pecho. Y fue diciéndolo todo sin hablar. Perforó el hígado y el pulmón de Iki, que no palmó de pedo. Ahora el herido se recupera en el Hospital Santojanni, donde fue intervenido en varias oportunidades.
Iki también recibió un tiro el 20 de diciembre de 2001, en los alrededores del Congreso Nacional. En esa oportunidad la bala entró por la espalda. Su testimonio forma parte de la causa judicial que espera ahora los alegatos de la defensa, y tras las réplicas y dúplicas de rigor, habrá sentencia.
Iki también fue baleado el 26 de junio de 2002, durante la misma escalada represiva en la que murieron Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Ese día la bala de plomo le dió en la pierna.
Dicen sus compañeros que si un cana dispara hacia arriba, es muy probable que la bala le caiga a Iki. Humor (para un porvenir) negro. En el medio pasaron 13 años, en los que Iki no recibió ningún balazo. Fin de ciclo.
A diferencia de los tiros recibidos a comienzos de siglo, el de la semana pasada no fue un disparo policial. Fue un soldadito. La violencia que brota de este nuevo tipo de conflicto social, que se gestó durante el paréntesis kirchnerista, impone otra clase de coordenadas. Más impredecible en su lógica, menos vertical en su ejecución, y mucho más letal.